SANTA CRUZ.- La vocal del Tribunal de Cuentas, dra. Yanina Gribaudo, realizó dos denuncias penales contra el IDUV por irregularidades detectadas en obras y gastos administrativos, en el período 2014-2018. Una de las denuncias es por facturas apócrifas en las obras del Hospital Samic de El Calafate, por un monto de $116 millones. Y la otra es por obras en hospitales, viviendas, pavimento, canchas de fútbol y otros edificios públicos. También se puso bajo la lupa la contratación de personal para áreas inexistentes en el organismo, como Protocolo y Prensa, el pago de viáticos, combustible y publicidad. Asimismo la contadora Gribaudo denunció la existencia de un Plazo Fijo constituido con fondos nacionales y sin registro de los intereses generados.

La vocal del Tribunal de Cuentas, dra. Yanina Gribaudo, realizó dos denuncias penales contra el IDUV por diversas irregularidades verificadas por el Tribunal de Cuentas debido al estudio de cuentas del IDUV del ejercicio 2015 y de una inspección realizada por el tribunal en diciembre del año 2018.

Indicó que ambas denuncias involucran al actual Intendente Pablo Grasso,  a Oscar Arbe, actual Subgerente de Ferrocarril y Puertos de YCRT, y a los responsables del área administrativa del IDUV al momento de producirse los hechos denunciados, Juan Pedro Cvitanic, Jonathan Nifosi, entre otros funcionarios.

Una de las denuncias, radicada en el fuero federal en la fiscalía a cargo del dr. Julio Cesar Zarate, tiene que ver con la existencia de facturas apócrifas en la obra Nuevo Hospital de El Calafate, por un monto de $116 millones. Los trabajos se certificaron durante 2014 y 2015. 

«Se verifica que son presentadas facturas  que fueran confeccionados en diferentes momentos, pero con CAE(Código de Autorización Electrónico)  idéntico y vencido, careciendo los mismos, en principio, de validez», detalla la dra Gribaudo en  su denuncia.

Las constructoras involucradas son la UTE Esuco SA-Eleprint SA-Esuvial SRL.

La explicación de los responsables sobre la falta del CAE válido en las facturas, fue que «se debía al sistema utilizado para la impresión de las facturas, siendo que al ser electrónicas se daba por hecho la respectiva autorización».

Según manifestó,  tomó conocimiento de los hechos cuando el Tribunal trató el Acuerdo N° 2813 del 02 de junio de 2021, expediente 817.191-TC-2015, caratulado “Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda — Estudio de Rendición de Cuentas 2015”, donde se constataban las irregularidades que además estaban observadas por la inspección.

La dra Gribaudo indicó que ante «la gravedad de la observación realizada», propuso al cuerpo  «se pongan los hechos en conocimiento del Juez de Instrucción que por turno corresponda, para la intervención de su competencia, ello, en cumplimiento de las exigencias contenidas en el art. 31 de la ley 3.325 y artículo 169 del Código Procesal Penal».

Añadió que si bien los vocales del oficialismo coincidieron en que los hechos analizados constituían serias irregularidades, se opusieron a la realización de denuncia penal, y  propusieron la aplicación de una multa, a los responsables de los actos administrativos observados.

Por esta razón la vocal Yanina Gribaudo, votó en disidencia y decidió denunciar penalmente a los responsables por malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, apropiación indebida de tributos, evasión fiscal agravada, adulteración de documentos públicos, entre otros.

Plazo fijo con fondos nacionales e irregularidades en obras de hospitales

En el caso de la denuncia en el juzgado  de Instrucción N°1 a cargo de la dra Marcela Quintana, está relacionada con irregularidades en obras para hospitales, y demás edificios públicos, y con la contratación de personal y el pago irregular de bonificaciones, viáticos, y la constitución de un plazo fijo con fondos nacionales.

Al igual que el caso de las facturas apócrifas, estas irregularidades también fueron constatadas y observadas por el Tribunal de Cuentas, aunque no hubo acuerdo para llevar adelante una denuncia en la justicia.

En el caso de la constitución  de un plazo fijo para canalizar fondos provenientes de aportes del Gobierno Nacional, se observó que en estos movimientos «no se consignan los intereses ni el destino de los mismos».

En  la  observación se expresa que «la resolución del IDUV N° 109 de fecha 01 de febrero  de 2017, autoriza a la Dirección de Administración del organismo, la constitución de un plazo fijo con fondos existentes en diferentes cuentas que el organismo posee en el Banco de la Nación Argentina». 

Según la dra Gribaudo estos fondos nacionales, «tienen como finalidad el pago de los certificados de obra con los cual la constitución de plazos fijos resultaría impropia toda vez que la inmovilización  de  los  montos  afectados  a  las  imposiciones  no  permite  su disposición en tiempo oportuno ante la presentación  al cobro por parte de las empresas    constructoras   y   sumado   a   ellos,  esta   operatoria    no   está contemplada en la ley N° 1179 de creación del Instituto».

En este punto el responsable   del   área   informó   en   su   descargo    que   la conformación  de las cuentas indicadas, con anuencia del Directorio del IDUV, era  en  virtud  del  remanente  de  sumas  dinerarias,  y  que  los  intereses  que devengaban pasaban a ser agregados a la cuenta corriente N° 43300228/08″.

Sobre la conducta de los funcionarios la vocal Gribaudo señaló, “se puede evidenciar en ambos expedientes un cúmulo de irregularidades que llevan a la conclusión de un apartamiento alarmante y consciente de las normas por parte de los funcionarios del organismo, y la presunción de haber incurrido en delitos contra la administración pública”, afirmó.

Hasta aquí la primera parte de las denuncias penales contra funcionarios del IDUV, que realizadas por la vocal Yanina Gribaudo.

En un segundo informe se detallarán, los hechos observados por el Tribunal de Cuentas, vinculados a irregularidades en obras de ampliación de hospitales, donde se constaron pagos adicionales, el pago de obras que no fueron concluidas y la certificación de obras que no habían llegado a concretarse, y contrataciones irregulares de personal en condición de monotributo en áreas de Protocolo y Prensa, que no estaban constituidas.