SANTA CRUZ.- En una denuncia radicada en el Juzgado de Instrucción penal N°1, la vocal del Tribunal de Cuentas Yanina Gribaudo, pide que se investigue entre otras irregularidades en el IDUV durante la gestión de Pablo Grasso, la obra de asfalto de acceso al Barrio San Benito, en la que los inspectores advirtieron serias falencias en el material utilizado y lo corroboró el hecho que a los pocos días de ser inaugurado el asfalto se destruyó. También requiere a la jueza, Marcela Quintana, que investigue el estado del Parque Automotor, por qué los móviles oficiales se guardaban en los domicilios particulares, y por qué se compraban cubiertas y repuestos en forma directa, y para vehículos que supuestamente estaban fuera de servicio. Todas las irregularidades denunciadas fueron observadas por el Tribunal de Cuentas.

La vocal del Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo, realizó dos denuncias penales contra el IDUV por irregularidades en el período 2014-2018, que abarca en parte la gestión de Pablo Grasso en el organismo. Una de las denuncias es en el fuero Federal, por la existencia de facturas apócrifas en las obras del Hospital Samic de El Calafate por un monto de $116 millones. En otra presentación ante la justicia provincial, pide que se investigue irregularidades en la contratación de personal en áreas inexistentes, pagos indebidos o sin documentar, e irregularidades en varias obras públicas.

Gribaudo pidió que se llame a prestar declaración al Presidente del IDUV, Pablo Grasso, y demás autoridades, al momento de la inspección administrativa contable realizada por el Tribunal de Cuentas, en diciembre de 2018.

Una obra mal construida, pagada y que duró solo seis días

La obra de «Acceso Vial al Barrio San Benito” se adjudicó por Licitación pública N° 29/2017 a la empresa Consultora Better SRL, por un monto de $ 5.616.239,81. El inicio de obra estaba estipulado el 11 de enero de 2018 y la finalización en mayo de 2018.A pesar de las advertencias que inspectores de Vialidad Provincia habían realizado sobre falencias en la estructura de la obra, el acceso al San Benito se inauguró el 12 de junio de 2018 y seis días después la estructura de cemento comenzó a desprenderse del suelo.

La cinta la cortaron el vicegobernador Pablo González, y el presidente del IDUV, Pablo Grasso.

El Vocal Técnico de la Administración General de Vialidad Provincial había puesto en conocimiento del IDUV varias observaciones que surgieron del análisis realizado por la Dirección Ingeniería Vial y solicitó realizar las gestiones necesarias para subsanarlas.

Las falencias en la estructura e incumplimiento de contrato.

Informaron que la empresa inició los trabajos sin consentimiento de la AGVP y procediendo a cortar la Ruta Provincial 53 generando desvíos vehiculares, los que tampoco fueron autorizados.

La constructora tampoco cumplió con la señalización mínima y necesaria preventiva de la
obra, atentando contra la seguridad de la via.

Se determinó que el cálculo de tránsito efectuado por la empresa y utilizado como
dato para el diseño del pavimento, fue erróneo y en detrimento del diseño de la traza.

Se detectó que los materiales utilizados por la empresa no resultaron homogéneos. Además, no se ejecutaron trabajos de compactación sobre la base de asiento previo a la colocación de los rellenos.


«La empresa no cumplió con lo estipulado en las especificaciones técnicas para obras viales y no sigue las reglas del buen arte de construir», dijeron los técnicos de Vialidad Provincial.


Se dejó constancia de que no hay personal profesional o técnico permanente en la
obra, siendo los trabajos ejecutados por los maquinistas. Por todo ello, la Dirección intimó a la empresa a rehacer los terraplenes.

También el municipio realizó observaciones a la obra.

El 22 de junio de 2018, la Jefa del Departamento Ingeniería de la Municipalidad de Rio
Gallegos, informó a la Dirección de Obras Publicas respecto a la inspección ocular realizada a la
obra observando entre otros aspectos, la falta de presentación formal de planos de proyecto de obra; el acceso al Barrio San Benito debía realizarse por calle 17, lo que fue definido por el
análisis diagnóstico de la estructura vial de la ciudad; la obra fue iniciada sin la aprobación del proyecto; se procedió a colocar el asfalto con temperaturas debajo de las permitidas; y a esa fecha, la obra se había demolido, según manifestó el IDUV.

Según constan en los registros del instituto, se realizaron pagos por la suma total de $5.935.720,97.

El Tribunal de Cuentas informó que los responsables del organismo no presentaron en sus descargos, documentación alguna que avale las acciones llevadas a cabo.

Las irregularidades del parque automotor.

De la documentación analizada se constató que 3 rodados han sufrido destrucción total, por
lo que se han entregado a la aseguradora, 1 Fiat Duna modelo 1998; un Renault 9 modelo 1997 y un Chevrolet Corsa 2007.

Según el TC, «el responsable no informó las circunstancias por las cuales se produjo la destrucción total de cada uno de los vehículos, ni adjunto la documental correspondiente».

Asimismo se observó la adquisición por contratación directa de repuestos, mantenimiento y reparaciones durante los ejercicios 2017 y 2018. «los expedientes en general carecen de la justificación debidamente acreditada de la condición de urgencia para ser encuadradas en dicha modalidad», dijo el TC.

Añade que dichos trabajos son «programables conforme al kilometraje del rodado, al uso y tiempo transcurrido desde el ultimo mantenimiento, considerando que las concesionarias oficiales generalmente recomiendan hacer el servicio completo cada diez mil kilómetros o de forma anual», sin embargo «de los tramites analizados, se visualizan algunos trabajos de mantenimiento y reparaciones realizados a vehículos del parque automotor del Instituto que se reiteran en menos de un año».

«Sin contar en ninguno de los casos con informes técnicos que justifiquen la necesidad de efectuar el trabajo motivo por el cual no se puede evaluar la procedencia de los servicios», remarca el informe.

Otra de las irregularidades es la compra de cubiertas para vehículos en desuso o fuera de servicio. «Visto el listado de los vehículos a los cuales se destinan las CUARENTA (40)
cubiertas, adquiridas, se observa que se han incluido los rodados Chevrolet S10 DPD-234
y Ford Fiesta DQB-751, rodados que se encuentran fuera de servicio en el predio de IDUV«.

Y agrega que «se incluyeron en la compra de cubiertas vehículos que según el jefe de
automotores en el ejercicio 2017 se encontraban fuera de servicio, a saber:
Chevrolet S10 CZL- 339 (Zona Norte), Ford Ranger EIY-773 (Zona Norte), Ford Escort DPC-400, Chevrolet S10 GME-050 (ZonaNorte), Chevrolet Corsa GMO-868 (Zona Norte) y Chevrolet Corsa GNU-374 (Zona Norte)», detalla.

Resguardo del parque automotor y responsabilidad del agente a cargo

En lo que respecta al resguardo de los rodados, el responsable del sector automotor informó al Tribunal de Cuentas, que el IDUV no cuenta con un espacio físico para el resguardo del parque automotor, por lo tanto, los rodados afectados a los agentes del organismo «son llevados a sus domicilios, utilizándolos en forma particular. Sin embargo, los auditores del Tribunal constataron que el predio en el que son depositados los vehículos fuera de funcionamiento y en el que estaba siendo construido el nuevo edificio del instituto, contaba con dimensiones tales que permitían el resguardo del parque automotor.

A pesar de las irregularidades, los vocales del Ejecutivo se negaron a denunciar los hechos en la justicia.

En su denuncia penal en el juzgado de Instrucción N°1 de la jueza, Marcela Quintana, la vocal Yanina Gribaudo fundamenta su decisión de acudir a la justicia dado que cuando se trató el informe con las observaciones a la gestión del IDUV en distintas obras y en el manejo interno del organismo, «si bien hubo consenso sobre los hechos, y que los mismos constituían serias irregularidades, los restantes vocales presentes (Dres. Carlos Javier Ramos, Romina Fernanda Gaitán y María Matilde Morales) manifestaron su opinión y voto contrario a la apertura del Juicio Administrativo de Responsabilidad Patrimonial y a la realización de denuncia penal«, explicó.

Abundó en que «Tal posición, sin embargo, inexplicable a mi juicio -dicho esto con el debido respeto al disenso y a su opinión en sentido opuesto-, no releva a la suscripta de su obligación legal de poner en conocimiento de la autoridad penal competente todo hecho que pudiera constituir un delito (art. 31 Iey 3.325) pues la norma legal en cuestión hace surgir el deber legal ante la mera posibilidad de su ocurrencia; y no ante la certeza», reafirmó.

Consideró que su interpretación «se impone no solo en prevalencia de los principios de transparencia en la administración pública y prácticas anticorrupción, sino también en defensa del mismo principio de inocencia y defensa de los presuntos responsables».

Tras esta argumentación, la dra Gribaudo solicita a la jueza, que se requiera al Tribunal de Cuentas la Actuación de la inspección al IDUV realizada en diciembre de 2018.

Que se llame a prestar declaración al Presidente y demás autoridades, al momento de la
inspección administrativa contable realizada por el Tribunal de Cuentas, del Instituto de
Desarrollo Urbano y Vivienda.

Se llame a prestar declaración testimonial los auditores que realizaron la Inspección
Administrativo — Contable en diciembre de 2018 en el Instituto de Desarrollo Urbano y
Vivienda.
Se libre orden de presentación contra el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda para que
entregue estado de avance y expedientes de todas contrataciones mencionadas en la presente.
Se libre orden de presentación contra el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda para que
entregue de cuentas corrientes, caja de ahorro y plazos fijos relacionados con los hechos
narrados.
Se llame a prestar declaración a los responsables de las empresas y demás proveedores o
personas (físicas o jurídicas) contratadas para la prestación de servicios, ejecuciones de obras, locaciones de obra o servicios de los hechos descriptos en la presente.
Y por último, se Ilame a prestar declaración a los inspectores de obra de IDUV mencionados en la
presente denuncia.