SANTA CRUZ.- El 10 de diciembre los afiliados a la Caja de Servicios Sociales elegirán a sus representantes en el directorio de la obra social en el marco del proceso de normalización de la obra social después de 35 años de intervención. La Ley de normalización de la Caja de Servicios Sociales se sancionó en noviembre de 2019 y en marzo del 2020 se dictó el reglamento electoral para la integración del nuevo Directorio. Por la pandemia el gobierno frenó el proceso de normalización de la obra social.
Luego de más de tres décadas de intervención, la Caja de Servicios Sociales volverá a tener un directorio conformado por un presidente y cuatro vocales, dos de ellos del Ejecutivo y los restantes uno por los afiliados activos y otro por los pasivos.
La normalización de la conducción de la obra social se aprobó por ley de la Cámara de Diputados en 2019 con los votos favorables del FPV y de parte de la oposición, y los votos negativos de la diputada Gabriela Mestelán, y del radical Daniel Gardonio.
El 1 de julio la gobernadora Alicia Kirchner había enviado el proyecto de Ley a la Cámara de Diputados poniendo fin a la intervención en la Caja de Servicios Sociales, y convocando a elecciones para conformar un directorio con la participación de trabajadores, aunque a diferencia de la ley vigente, el Ejecutivo sumaba un representante más en el directorio garantizándose la mayoría a la hora de tomar las decisiones.
El próximo 10 de diciembre los afiliados activos y pasivos de la obra social votarán para elegir a sus representantes en el directorio de la CSS. Actualmente el interventor es el contador Favio Vázquez, (foto) quien ya formó parte de la conducción de la obra social durante el gobierno de Daniel Peralta.
La obra social de los trabajadores estatales está intervenida desde 1985, y continuó hasta la actualidad durante los siete mandatos de gobiernos kirchneristas desde que asumió la primera gobernación Néstor Kirchner en diciembre de 1991.
Aquí la Reglamentación de la Ley N° 3677 Caja de Servicios Sociales.
Los cambios a la ley de la mano de la normalización
Entre las modificaciones que introdujo el gobierno a la vigente ley N° 364 de funcionamiento de la obra social de los estatales, se destaca la ampliación de 4 a 5 el número de miembros del Directorio, asegurándose de este modo la mayoría automática a la hora de votar decisiones administrativas.
A partir de la normalización del directorio, que originalmente estaba prevista para 180 días después de la promulgación de la ley, el gobierno designará al presidente del Directorio y a dos vocales, mientras que los trabajadores elegirán a los restantes dos vocales uno por los activos y otro por los jubilados.
Este fue uno de los motivos por los cuales los diputados, Gabriela Mestelán de Encuentro Ciudadano, y Daniel Gardonio, de la UCR, se opusieron a la norma aprobada.
El otro cambio a la ley de funcionamiento de la CSS es que los fondos constituidos por el aporte de los afiliados y del Estado, no podrán ser imputados al Fondo Unico de las Cuentas Oficiales (FUCO), como sucede desde la intervención, dando lugar al manejo discrecional del dinero.
La denuncia fue analizada por el Tribunal de Cuentas que emitió una Resolución confirmando la existencia de pruebas suficientes que configuran el delito de «administración fraudulenta», y dio traslado de las mismas a la jueza Quintana quien durante no produjo avances en la causa.
Cuatro años después el Tribunal Superior desestimó la denuncia argumentando el carácter de afiliado a la obra social del denunciante.
Otro de los cambios introducidos a la ley de funcionamiento de la obra social es la incorporación de un síndico que controlará el manejo de los fondos.
También se incluyó en la norma de que para formar parte del directorio se excluirá “a quienes formen parte del Registro de Deudores Alimentarios, el Registro de Personas Violentas y Abusadores Sexuales”.
Qué dijeron los diputados en la sesión que aprobó la ley de normalización de la CSS
El presidente del Bloque del Frente para la Victoria, Matías Mazú, destacó que con la sanción de esta ley “la gobernadora Alicia Kirchner cumplió con su palabra de normalizar la obra social estatal”.
Por su parte Gabriela Mestelán sostuvo, «no sólo el gobierno de Alicia Kirchner se garantiza una mayoría automática con la designación de 3 de los 5 miembros del futuro Directorio, sino que además de garantiza el quórum propio para reunirse en sesiones», remarcó.
Si bien sostuvo que «es mejor tener una obra social normalizada antes que intervenida», aclaró que el oficialismo no aceptó «crear una Comisión Auditora que haga el seguimiento entre el fin de la intervención de tres décadas y la futura normalización prevista para el año próximo», indicó.
“En ese nuevo Directorio la gobernadora Alicia Kirchner debe designar un presidente y dos vocales en representación del Ejecutivo, pero además los afiliados a nuestra obra social deben elegir a su vocal por los activos y otro por los pasivos. Para eso se debía llamar a elecciones en un plazo de seis meses, que se suspendieron en su momento por la pandemia, lo que era lógico”, detallaron. “Lo que no es lógico es que esas elecciones sigan postergadas: por eso pedimos al gobierno provincial que, a través del interventor, inicien el proceso de llamado a elecciones de los representantes de los afiliados, tal como lo establece la nueva ley”, plantearon. “Venimos de la realización de las PASO el pasado 12 de septiembre y tendremos las elecciones a diputados nacionales el 14 de noviembre sin inconvenientes, lo que demuestra que ya se pueden realizar elecciones en el actual contexto de la pandemia”, argumentan. Quienes llevan la voz cantante de este pedido son el diputado provincial Gabriel ‘Faty’ Oliva y la referente y ex diputada provincial, Gabriela Mestelán.
DIPUTADO OLIVA: “VAMOS A SOLICITAR UNA AUDIENCIA CON EL INTERVENTOR” El diputado de Encuentro Ciudadano adelantó que solicitarán “una audiencia con el interventor de la obra social, Favio Vázquez, quien fue designado por la gobernadora en mayo del año pasado aunque ya había estado a cargo del manejo de la Caja anteriormente”. “Hemos estado estudiando la nueva norma vigente, que es una Ley de Reestructuración Normativa de la Caja de Servicios Sociales (N° 3677). A su vez, para su aplicación era necesario el dictado del Decreto Reglamentario, que ya está vigente desde marzo del año pasado”, detalló Oliva. “Ese decreto es el que especifica cómo realizar el llamado a elecciones y eso es lo que queremos plantearle al interventor para que por fin la obra social se normalice después de tres décadas de estar intervenida”, puntualizó.
MESTELÁN: “ERA DIPUTADA CUANDO SE VOTÓ LA NUEVA LEY Y REALICÉ OBSERVACIONES” Gaby Mestelán votó en contra de la nueva Ley, sancionada en noviembre de 2019, porque no se permitieron dos modificaciones “fundamentales a los ojos de Encuentro Ciudadano”, señaló. Por un lado, cuestionó “la mayoría automática que el gobierno tiene sobre el Directorio al designar a 3 de sus 5 integrantes: el presidente y dos vocales por el Ejecutivo”. “Por otra parte, desde nuestra banca propusimos una Comisión Auditora del Proceso de Transición, cuya misión sería acompañar, controlar e informar sobre el proceso de normalización de la Caja hasta la integración efectiva de su Directorio. Esto tampoco fue aceptado por el bloque kirchnerista y por eso votamos en contra”, recordó. Aún así, la referente de Encuentro Ciudadano ve “como un avance” que la nueva norma establece “la elección de vocales que representen a los afiliados activos y pasivos”. “Por eso vamos a plantear formalmente el pronto llamado a elecciones”, finalizó.