SANTA CRUZ.- La vocal del Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo, ratificó en su totalidad la denuncia realizada en sede penal federal por facturas apócrifas por más de 116 millones de pesos abonadas por el IDUV. Es una de las dos denuncias que realizó Gribaudo contra la administración del ente de la vivienda que involucran entre otros funcionarios, al ex interventor Pablo Grasso.
En audiencia con el fiscal federal Julio Zárate y la Secretaria de la fiscalía, la vocal del Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo, ratificó su denuncia contra el IDUV por la existencia de facturas apócrifas que fueron abonadas sin la correspondiente autentificación del AFIP.
Hace dos semanas la vocal del Tribunal de Cuentas, dra. Yanina Gribaudo, realizó dos denuncias penales contra el IDUV por diversas irregularidades verificadas por el Tribunal de Cuentas debido al estudio de cuentas del IDUV del ejercicio 2015 y de una inspección realizada por el tribunal en diciembre del año 2018.
Además, denunció irregularidades en las contrataciones y obras que no presentaban avances, malversación de fondos, sobreprecios, direccionamiento de obra pública, entre otros delitos en el marco de una inspección realizada en dicho organismo durante diciembre del año 2018.
“Pedimos que se investigue porque hay muchas irregularidades que llevan a la conclusión de un apartamiento alarmante y consciente de las normas por parte de los funcionarios del organismo, y la presunción de haber incurrido en delitos contra la administración pública”, sostuvo la dra. Gribaudo.
Indicó que ambas denuncias involucran al ex presidente del organismo de la vivienda y actual Intendente Pablo Grasso, a Oscar Arbe, actual Subgerente de Ferrocarril y Puertos de YCRT, y a los responsables del área administrativa del IDUV al momento de producirse los hechos denunciados, Juan Pedro Cvitanic, Jonathan Nifosi, entre otros funcionarios.
En la audiencia convocada por la fiscalía federal, la Dra. Gribaudo ratificó la denuncia realizada días atrás por facturas apócrifas por más 116 millones en el ámbito del IDUV durante el año 2015.
«Se verifica que son presentadas facturas que fueran confeccionados en diferentes momentos, pero con CAE(Código de Autorización Electrónico) idéntico y vencido, careciendo los mismos, en principio, de validez», detalla la dra Gribaudo en su denuncia.
Las constructoras involucradas son la UTE Esuco SA-Eleprint SA-Esuvial SRL.
La explicación de los responsables sobre la falta del CAE válido en las facturas, fue que «se debía al sistema utilizado para la impresión de las facturas, siendo que al ser electrónicas se daba por hecho la respectiva autorización».
Según manifestó, tomó conocimiento de los hechos cuando el Tribunal trató el Acuerdo N° 2813 del 02 de junio de 2021, expediente 817.191-TC-2015, caratulado “Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda — Estudio de Rendición de Cuentas 2015”, donde se constataban las irregularidades que además estaban observadas por la inspección.
La dra Gribaudo indicó que ante «la gravedad de la observación realizada», propuso al cuerpo «se pongan los hechos en conocimiento del Juez de Instrucción que por turno corresponda, para la intervención de su competencia, ello, en cumplimiento de las exigencias contenidas en el art. 31 de la ley 3.325 y artículo 169 del Código Procesal Penal».
Añadió que si bien los vocales del oficialismo coincidieron en que los hechos analizados constituían serias irregularidades, se opusieron a la realización de denuncia penal, y propusieron la aplicación de una multa, a los responsables de los actos administrativos observados.
Por esta razón la vocal Yanina Gribaudo, votó en disidencia y decidió denunciar penalmente a los responsables por malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, apropiación indebida de tributos, evasión fiscal agravada, adulteración de documentos públicos, entre otros.
“Ratificamos la denuncia porque no podemos seguir permitiendo que nos roben y se enriquezcan a costa de la gente. Este tipo de acciones tienen consecuencias graves y afectan directamente la vida de todos los ciudadanos. Podemos verlo en la falta de acceso a los servicios básicos, a un sistema de salud de calidad, en los accidentes en las rutas en mal estado, en las escuelas en mal estado, todo ello, a pesar de haberlo pagado”, finalizó.