SANTA CRUZ.- Los ex concejales Fabián Leguizamón y Marcelos Saá piden que el Aporte Solidario que hoy pagan alrededor de 1800 jubilados, lo paguen los funcionarios que ocupan cargos electivos o por designación.
A través de una iniciativa parlamentaria, los ex concejales, Fabián Leguizamón y Marcelo Saá buscan que el aporte solidario obligatorio lo paguen únicamente los funcionarios activos en cargos electivos o políticos.
El proyecto establece derogar el polémico “Aporte Solidario”, mediante el cual el Ejecutivo Provincial efectúa descuentos todos los meses –desde el año 2011- en las jubilaciones provinciales, cuando éstas superan tres salarios mínimos, hasta que cumplan 60 años las mujeres y 65 los hombres.
Son alrededor de 1800 jubilados -el 8% del total del sistema- a quienes se les descuenta compulsivamente el aporte votado por el kirchnerismo en diciembre de 2010 con el argumento de financiar el déficit del sistema previsional.
Recientemente la gobernadora Alicia Kirchner recibió a la vocal por los pasivos, y dijo "comprender el daño que el aporte solidario ocasiona», sin embargo ni el Ejecutivo ni el oficialismo en la legislatura, dieron cabida a los reiterados pedidos de derogación de la norma.
Sobre esta iniciativa, Leguizamón adelantó que –a diferencia de otras- buscarán que dicho aporte “se descuente de los sueldos de los funcionarios provinciales y municipales en actividad, y no de los jubilados como ocurre actualmente, lo cual significará un aporte mucho mayor que no tendrá un impacto negativo en la economía familiar de los que menos sueldo tienen hoy en día”.
“Si están tan convencidos de la importancia de continuar con este aporte solidario obligatorio, que supuestamente es fundamental para sostener el sistema previsional en Santa Cruz, no deberían tener ningún problema en que salga de los bolsillos de los que más tienen. Además, esto iría en consonancia con el relato oficialista a favor de los derechos de los jubilados. La gente necesita hechos concretos, coherencia, no palabras ni discursos vacíos”, resaltó.
Por otra parte Saá advirtió que “gracias a la negativa sistemática por parte del Gobierno Provincial en lo que respecta a rendición de informes sobre gastos, es imposible conocer el destino de esos aportes”.
“Es fácil y a la vez patético exigirle solidaridad a los que menos tienen, cuando ellos siguen enriqueciéndose con total impunidad a costa del Estado”, apuntó.
Tras varios intentos fallidos en derogarla por parte de diputados y distintos sectores de la oposición, y pese al descontento popular expresado en varias oportunidades, esta ley promulgada durante el gobierno de Daniel Peralta que se contradice con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sigue vigente.