RÍO GALLEGOS.- La justicia provincial pidió al Tribunal de Cuentas documentación vinculada a la denuncia contra el IDUV por diversas irregularidades detectadas en la ejecución de obras de pavimento, construcción de edificios, el manejo de fondos nacionales y la adquisición de elementos para el parque automotor, entre otros hechos ocurridos entre 2014 y 2018 lapso en el que ejerció la presidencia el actual intendente Pablo Grasso. La denuncia fue impulsada por el Tribunal de Cuentas.

En octubre de 2021 la vocal del Tribunal de Cuentas, en el área de Administración Central y Cuentas Especiales, dra Yanina Gribaudo, presentó sendas denuncias en el fuero federal y el provincial, contra los responsables del IDUV entre 2014 y 2018 por diversos actos irregulares en obras a cargo del ente, y la contratación de personal monotributista como asimismo, la realización de pagos indebidos o sin documentar.

Una de las denuncias es en el fuero Federal, por la existencia de facturas apócrifas en las obras del Hospital Samic de El Calafate por un monto de $116 millones. Aquí el detalle de las denuncias.

La otra presentación de la dra Gribaudio fue ante el juzgado  de Instrucción N°1 a cargo de la dra Marcela Quintana, tiene que ver con irregularidades en obras en hospitales, viviendas, pavimento, canchas de fútbol y otros edificios públicos. Es en este expediente que se solicitó al TC documentación original sobre los hechos denunciados.

La causa por sobreprecios y gastos irregulares involucra al actual intendente, Pablo Grasso, quien ejerció la presidencia del organismo de la vivienda durante la mayor parte del período denunciado.  En el marco de la investigación a cargo del Juzgado de la dra Marcela Quintana, ahora la Justicia pidió la documentación original e informes para poder seguir avanzando.

Al igual que el caso de las facturas apócrifas, cuya denuncia obra en el juzgado federal de Río Gallegos, estas irregularidades también fueron constatadas y observadas por el Tribunal de Cuentas, aunque no hubo acuerdo para llevar adelante una denuncia en la justicia.

Entre las obras que se están investigando se encuentran el asfalto de acceso al Barrio San Benito, en la que los inspectores advirtieron serias falencias en el material utilizado, y el estado del Parque Automotor; básicamente por qué los móviles oficiales se guardaban en los domicilios particulares, y por qué se compraban cubiertas y repuestos en forma directa, y para vehículos que supuestamente estaban fuera de servicio.

En el caso de la constitución  de un plazo fijo para canalizar fondos provenientes de aportes del Gobierno Nacional, se observó que en estos movimientos «no se consignan los intereses ni el destino de los mismos».

En  la  observación se expresa que «la resolución del IDUV N° 109 de fecha 01 de febrero  de 2017, autoriza a la Dirección de Administración del organismo, la constitución de un plazo fijo con fondos existentes en diferentes cuentas que el organismo posee en el Banco de la Nación Argentina». 

Según la dra Gribaudo estos fondos nacionales, «tienen como finalidad el pago de los certificados de obra con los cual la constitución de plazos fijos resultaría impropia toda vez que la inmovilización  de  los  montos  afectados  a  las  imposiciones  no  permite  su disposición en tiempo oportuno ante la presentación  al cobro por parte de las empresas    constructoras   y   sumado   a   ellos,  esta   operatoria    no   está contemplada en la ley N° 1179 de creación del Instituto».

En este punto el responsable   del   área   informó   en   su   descargo    que   la conformación  de las cuentas indicadas, con anuencia del Directorio del IDUV, era  en  virtud  del  remanente  de  sumas  dinerarias,  y  que  los  intereses  que devengaban pasaban a ser agregados a la cuenta corriente N° 43300228/08″.

Sobre la conducta de los funcionarios la vocal Gribaudo señaló, “se puede evidenciar en ambos expedientes un cúmulo de irregularidades que llevan a la conclusión de un apartamiento alarmante y consciente de las normas por parte de los funcionarios del organismo, y la presunción de haber incurrido en delitos contra la administración pública”, afirmó.

Cabe consignar que los hechos denunciados fueron constatados por el Tribunal de Cuentas, aunque los vocales del Ejecutivo no avalaron que el trámite pase a la órbita judicial, como propuso la vocal Gribaudo.

Asimismo, pidió que se investiguen irregularidades en la contratación de personal en áreas inexistentes, pagos indebidos o sin documentar, e irregularidades en varias obras públicas.