SANTA CRUZ.- La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia que rechazó la demanda del gobierno contra un grupo de jubilados que entre los años 2016 y 2018 reclamaron por el pago de sus haberes. La denuncia impulsada por el Fiscal de Estado, Fernando Tanarro, acusaba a los jubilados de haber provocado daños a edificios públicos y reclamaba la suma de 330 mil pesos por cada uno de los denunciados.

Ahora la Cámara rechazó la apelación del gobierno en base a los argumentos esgrimidos por el juez de Primera Instancia Francisco Marinkovic quien consideró insuficientes las pruebas aportadas por Tanarro, que tampoco individualizó a los autores ni situó temporalmente los hechos de «extrema violencia» que denunció.

En su fallo los camaristas, Enrique Arenillas y Diego Lerena apuntaron a la ambigüedad de las pruebas, estimaron insuficientes la versión de los testigos, y citaron al Observatorio de Derechos Humanos del Senado que en 2016 definió a la protesta social como «una de las formas más efectivas de expresión, y en muchas ocasiones, la única forma de expresión de grupos determinados».

«El ejercicio de derechos sociales no es una actividad contraria al ordenamiento jurídico ni potencialmente riesgosa. No podemos tratar de igual forma para imputar responsabilidades colectivas a situaciones de distinta naturaleza juridica, igualando a los grupos que defiende derechos sociales con otros gurpos cuyos intereses son claramente antijurídicos y contrarios a la convivencia social», cita el fallo de la Cámara de Apelaciones.

En cuanto al fallo de Primera Instancia, la Cámara sostiene que los elementos de prueba aportados no demuestran con suficiente claridad el presupuesto inexorable de la responsabilidad civil: el daño.

Agrega que en los casos que podríamos precisar la existencia de algún daño estamos ante un problema de acreditación de la autoría; a estos problemas para establecer la real autoría de los daños a las personas demandadas debemos sumarle la incertidumbre en la secuencia temporal de los daños, ¿Cuándo se produjeron específicamente cada uno de los danos alegados? y la ausencia de toda prueba que justifique racionalmente el monto reclamado.

Los jueces también observaron la falta de precisión en los testimonios de los testigos.

Cita el caso de una empleada de Casa de Gobierno que trabajaba en dependencias cercanas a la Privada de la señora gobernadora. «Refiere muchos incidentes (fuego, rotura de la puerta que es patrimonio histórico, quema de cubiertas, ocupación durante 100 días del espacio público», quien en principio identificó alguna de las fotos que registran los hechos, pero no recuerda nombre.

El caso de esta testigo es notable porque según se lee en el fallo, «no coincide temporalmente su trayectoria en casa de Gobierno con el momento en que señala se produjeron los hecho, en 2017 la testigo ya era personal de Distrigas en has Heras.

Respecto del tiempo existe una gran ambigüedad en la descripción de los hechos con la sola referencia de los años 2017/ 2018 (“durante el transcurso del año 2017 e inicio del año 2018”).

El fallo argumenta que «no basta con acreditar quienes cometieron el daño, sino que debe haber una relación espacial y temporal, los daños deben haber ocurrido en alguna manifestación concreta de ese colectivo, y añade que las pruebas presentadas no acreditan los daños denunciados, ni tampoco se demostró la cuantía de los gastos soportados en la reparación de esos supuestos daños.

Respecto del lugar también la demanda carece de prueba documental, si bien se señala que los daños se produjeron en la Casa de Gobierno, la Caja de Previsión Social, el Ministerio de Economía e Infraestructura y el ministerio de Desarrollo Social de esta Provincia, «no hace referencia a vinculación alguna con la cuestión temporal, ni se identifican concretamente a las personas que habrían participado en cada uno de los supuestos eventos dañosos».

La denuncia

 En marzo de 2018 EL gobierno radicó una denuncia contra un grupo de jubilados que llevaron adelante acciones de reclamo por haberes pagados fuera de término. La demanda, presentada por el Fiscal de Estado, Fernando Tanarro, fue por daños y perjuicios «contra edificios públicos»,  por un monto de 329.400 pesos.

Los supuestos daños señalados por Tanarro, fueron contra los edificios de Casa de Gobierno, Caja de Previsión Social, Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social. Detalla rotura de «puertas, persianas, vidrios», y «pegatinas» en los edificios.

Por ello solicitó «que los responsables de los actos vandálicos respondan con su patrimonio particular y restituyan los gastos que demandará al gobierno la reparación de estos daños», dice la denuncia.

Alegó que las personas responsables «han subido a las redes sociales que provocaron en los edificios públicos», por lo tanto consideran que existía «un sistemático plan intencional», de provocar daños. Añadió que los jubilados dañaron «vehículos oficiales», aunque no identificó las unidades. Calificó el accionar de los jubilados de «extrema violencia», ejercida por los pasivos contra funcionarios y trabajadores, aunque aclaró que «no intenta criminalizar la protesta social , ni mucho menos vulnerar el derecho constitucional de protestar».

Los denunciados fueron Ana Villarroel, Cristina Coronel, Beatriz Constantino, Lucila Hernández,  Laura Agüero, Néstor Ripa, María Virginia Peña, Margarita Guanuco, Enrique Bavera, y Agustín Pérez. 

El motivo del reclamo de los jubilados  Cabe consignar que desde mediados de 2016 los jubilados provinciales percibían sus haberes fuera de término, en algunos sectores con hasta un mes de retraso, que desde 2017 perciben sus sueldos los trabajadores

El Juez Marinkovic rechazó la demanda del gobierno por considerar que “el daño fue descripto con cierta vaguedad en el escrito de demanda”, donde también se denota “una insuficiente acreditación de la autoría”.

La reacción de una de las jubiladas demandadas.

«Satisfacción y gratitud por la sabiduría y madurez con la que asumimos la responsabilidad de presentarnos ante el requerimiento de la justicia, defendernos, y saber que un fallo adverso solo consolidaba la injusticia», señaló a Winfo Santa Cruz, Ana María Villarroel.

Añadió que «como ciudadanos hemos logrado justicia y desenmascarar a un Gobierno inmoral que judicializa los reclamos, pretende silenciar a quienes piensan distinto persiguiéndonos a nosotros y a nuestras familias. Así que una gran tranquilidad y el convencimiento de que la dignidad y los derechos no se negocian», remarcó.

Imágenes de las protestas que motivaron la demanda del gobierno rechazada por la justicia.