SANTA CRUZ.- El diputado Gabril Oliva trasladó el reclamo de familiares de estudiantes con discapacidad a quienes no se les permite el ingreso a las aulas de acompañantes terapéuticos,  “Educación debe dar respuestas a este pedido porque se está afectando el derecho a la educación de los niños», señaló el legislador. También pidió que se incremente la cantidad de docentes asignados para este fin. 

El diputado de Encuentro Ciudadano, Gabriel Faty Oliva lanzó un fuerte pedido a las autoridades de Educación para que «permita los acompañantes terapéuticos en las escuelas», ya que actualmente no están autorizados a asistir a los alumnos lo que para el legislador «afecta el derecho a la educación» de estos niños. 

Fue durante la última sesión de la legislatura provincial, en la que se trató una nueva Ley de Discapacidad impulsada por el oficialismo.

Oliva presentó un proyecto de resolución solicitando al Consejo Provincial de Educación (CPE) que «autorice el ingreso a las instituciones educativas de los Acompañantes Terapéuticos y profesionales designados por las familias, con el objetivo de garantizar la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en las Escuelas de todos los niveles dependientes de la Provincia de Santa Cruz”.

Un segundo artículo del proyecto plantea la necesidad de que el CPE “aumente el número de docentes y profesionales acompañantes designados por esta cartera de modo que cada estudiante con discapacidad reciba la atención necesaria para garantizar su derecho a la educación”.

“Planteé aprobar este pedido sobre tablas, es decir, en la misma sesión del jueves pasado, pero el Frente de Todos prefirió enviarlo a comisiones”, detalló Oliva. “Desde el bloque oficialista expresaron que hubo una comunicación con las máximas autoridades del Consejo Provincial de Educación y que se harían presentes en la Legislatura. Es fundamental que den respuestas”, señaló.

El legislador advirtió que “son las propias familias quienes plantean esta situación”. “Así quedó en evidencia en la Comisión de Salud de la Legislatura, en la que se discutieron los alcances de una nueva Ley Provincial de Discapacidad, realizada el pasado 13 de junio. Allí participaron diputados, familiares y representantes de distintas instituciones vinculadas al tema”, precisó.

En los fundamentos se detalla que “en reuniones con padres y madres nucleados en FAPROMISA Familias por la Discapacidad, se nos ha manifestado que la modalidad actual de atención de alumnos y alumnas con discapacidad es sumamente deficitaria», aseveró. 

Añadió que «La asistencia de los mismos a los establecimientos educativos está mediada por docentes acompañantes que el CPE designa en un número muy limitado. Según manifiestan estos padres cada docente está designado para atender seis o más alumnos que además por lo general asisten a escuelas diferentes. Esto hace que el seguimiento del proceso educativo de los y las estudiantes con discapacidad sea discontinuo”.

Oliva cuestionó que de esta manera “los estudiantes con discapacidad ven enormemente afectado su derecho a la educación”. “Esta situación injusta e inadmisible necesita una respuesta de las autoridades de gobierno provincial”, concluyó.

Legislación que avala el pedido del diputado Oliva. 

El derecho a la educación de las personas con discapacidad está garantizado por la normativa internacional, nacional y provincial (…) La Ley de Educación Provincial 3305, en su Art. 95, establece que la Educación Especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad temporal o permanente que enfrentan barreras al aprendizaje y la participación, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo (…) Y que el CPE garantizará la integración de los/as alumnos/as con discapacidad en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona.

El propio CPE en su resolución 316 de marzo del 2021 aprueba el formato proyecto Personalizado para la Inclusión (PPI) como documento de uso oficial para el seguimiento de las trayectorias de los/las estudiantes con discapacidad y/o trastornos transitorios o permanentes en el ámbito del sistema educativo de la provincia, en el cual se destaca la necesidad de remover barreras institucionales e instaurar una cultura inclusiva.