SANTA CRUZ.- A instancias de asociaciones que atienden la problemática de la discapacidad, diputados impulsan una nueva ley que deroga la anterior y que si bien establece nuevas normas, repite en parte lo que ya está vigente y no se cumple. Por ejemplo en el ámbito educativo, donde padres denuncian la falta de docentes acompañantes en las escuelas que impide a sus hijos el acceso a la educación. A pesar de que la ley vigente rige desde 1984, y que hace más de 10 años se creó un Consejo Asesor el mismo nunca se conformó.

Con la firma del diputado Eloy Echazú, y a instancias de diferentes asociaciones vinculadas a la temática, en la legislatura provincial debaten un proyecto de ley de Discapacidad que deroga la normativa vigente, que no se cumple en varios de sus aspectos entre otros en el ámbito educativo.

Argumentando que «La lucha por la vigencia plena de los derechos humanos no es un camino lineal ni continuo, sino que es un derrotero zigzagueante, pleno de avances, retrocesos, errores y enmiendas», el Frente de Todos propone una nueva ley de Discapacidad que tiene como finalidad  la derogación de la Ley Provincial de Discapacidad N° 1662/84. y crea un nuevo marco normativo.

Establece que el área de Discapacidad pase de l órbita del Ministerio de Desarrollo al de Gobierno.

Mientras tanto surgen fuertes críticas al proyecto «porque quiren crear una nueva ley cuando no cumplen con la que está vigente», plantea Gabriela Mansilla, mamá de un chico que transita una discapacidad y no puede concurrir a clases porque la escuela no dispone de docente acompañante.

El testimonio de Gabriela

Mientras el gobierno provincial incumple con la aplicación de la ley en el ámbito educativo, el nuevo proyecto establece que «Se contemple la diversidad con el compromiso de brindar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, respetando y desarrollando potencialidades con los apoyos necesarios y ajustes razonables requeridos a lo largo de las trayectorias educativas».

Y en otro artículo dice que «Será obligatoria la enseñanza en los cursos de las escuelas de nivel donde participe un estudiante que requiera la utilización de (LSA) , tanto a sus pares como a los docentes y todo el personal de la escuela, debiéndose contar con intérprete en el aula cuando sea pertinente y necesario».

Otra de las críticas a la ley vigente es que nunca se conformó el Consejo Asesor que fue creado hace 10 años, como así tampoco el Observatorio de Discapadidad que prevé la normativa.

Se suma a la lista de incumplimientos de la ley vigente, que el Certificado Único de Discapacidad, solo se tramita en Río Gallegos y no en todas las localidades de la provincia.

La nueva ley que impulsa el Frente de Todos busca «promover a través de la Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales (AMA Santa Cruz), en conjunto con los medios masivos de comunicación públicos y privados de emisión provincial», una acción que ya está prevista en la ley en vigencia, cuando habla de «impulsar campañas de difusión para promover los derechos de las personas con discapacidad».