RÍO GALLEGOS.- La postulante para cubrir el Juzgado de Familia N°3, doctora Romina McNamara, ratificó que en el concurso se violó la regla del anonimato, y denunció que ahora el Consejo de la Magistratura dice no tener el expediente con las actuaciones a las que ella nunca tuvo acceso a pesar de sendos pedidos. McNamara presentó un amparo que fue rechazado por la justicia provincial en dos instancias, en un trámite que también presentó irregularidades que motivaron el apartamiento de un juez por demorar una respuesta al amparo.

En agosto de 2021 diez abogados se presentaron al concurso N° 97 convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir la titularidad del Juzgado de la Familia N° 3, de reciente creación para Río Gallegos. Luego que se conocieran los resultados y ante la sospecha de que se había violado la regla del anonimato, la doctora Romina McNamara pidió acceder a las actuaciones para conocer los criterios de la evaluación.

Ante la falta de respuestas del organismo presentó un amparo que obligó al Consejo de la Magistratura a expresarse, reconociendo que conocía la identidad de los postulantes, lo que viola la Regla del Anonimato que rige para los concursos.

Textualmente, la norma dice en su artículo 22, respecto del Ingreso y configuración del examen: Los postulantes deberán ingresar a la plataforma con su número de usuario al concurso respectivo. El ID será secreto y único para cada postulante y cada concurso y permitirá que el examen no pueda ser identificado.

«No es un problema mío sino de toda la sociedad, es un problema de todos los santacruceños y santacruceñas«, expresó Romina McNamara quien calificó la situación de «una gravedad institucional realmente alarmante».

Fue durante una conferencia de prensa que contó con la presencia de colegas profesionales, dirigentes sindicales y compañeros de trabajo. También estuvieron los abogados Diana Huerga y Javier Stoessel que patrocinan a McNamara.

McNamara manifestó que «de las diez concursantes solo dos presentamos reclamos por este tema», a pesar de que «después de cinco presentaciones administrativas y una presentación judicial todavía no he podido ver las actuaciones. Al día de hoy, a seis meses del concurso no podemos ver las correcciones de los exámenes y por lo tanto tampoco nos hemos podido defender correctamente».

Remarcó que estas actuaciones «son públicas, no solo para los concursantes sino para toda la ciudadanía, que tiene derecho a saber cómo se seleccionan los jueces y juezas que después van a definir la vida de todas nosotras y todos nosotros», señaló.

Por su parte Javier Stoessel, patrocinante de McNamara, fue categórico al definir: «se violó la regla del anonimato, para ser más claros se habían marcado los exámenes», enfatizó el abogado Javier Stoessel quien junto a Diana Huerga patrocinan a Romina McNamara.

«Se están violado principios republicanos y derechos constitucionales.», afirmó al tiempo que planteó, «si violamos los principios básicos de la transparencia poco podemos esperar después de los jueces que se nombren», expresó.

Luego adelantó, «vamos a ir al Tribunal Superior de Justicia, tenemos todavía recursos pendientes y si es necesario vamos a agotar todas las instancias que nos permite el sistema judicial argentino.

Luego expuso críticas al funcionamiento del órgano seleccionador de jueces y sus implicancias en el funcionamiento del sistema judicial: «No es casual la baja participación que tienen los concursos, y la baja credibilidad que tiene el Consejo de la magistratura, y eso hay que reconstruirlo», aseveró.

En tanto la doctora Diana Huerga señaló, «es grave el accionar del Consejo de la Magistratura, no solo porque impidió el acceso al expediente a los fines de conocer con qué criterio Romina fue calificada que es la única manera de poder controlar el proceso y ejercer el derecho a defensa», sostuvo.

Añadió que «además es muy grave lo que contestó el Consejo de la Magistratura, porque ellos reconocieron que no habían garantizado el anonimato, intentando generar una interpretación en la cual el anonimato no alcanzaría a los jurados, cuando obviamente la única razón de ser del anonimato es par que quien tiene que calificar no sepa a quien está calificando y de esa manera poder garantizar la objetividad y la transparencia del proceso.

En el trámite del amparo presentado por Romina McNamara, el Consejo de la Magistratura reconoció que durante los concursos para ocupar cargos en la justicia, los miembros del jurado conocen la identidad de los postulantes, en contraposición a lo que indica el reglamento respecto de mantener el anonimato de los candidatos a los fines de garantizar la transparencia a la hora de evaluar los exámenes. El hecho se conoció a raíz de un amparo presentado por una postulante a quien se le impidió acceder al expediente del concurso.

Stoessel recordó: «La aprobación del anonimato durante el año 2021 fue celebrado como un importante avance en la reglamentación en cuanto a materia de transparencia e imparcialidad, al menos en la evaluación escrita. Sin embargo, nunca se aplicó, y los integrantes del Consejo desconocen el texto y el sentido de la propia reglamentación que aprueban», remarcó.

Expresamente, dicha regla surge del art 22 inc. 2 letra b y 6 del Reglamento de concursos, conforme a la cual, el examen escrito debe ser calificado por los jurados sin conocimiento de la persona a la cual califican.

Y en el inciso 6° referido a la entrega del examen punto d, indica que «tanto los exámenes remitidos por correo electrónico al jurado como los que quedaren impresos en resguardo estarán identificados con los Códigos Únicos (ID) asignados previo al examen, y no contendrán ningún dato que permita conocer o identificar a sus autores.