SANTA CRUZ.- El cartel de obra pública con el nombre de la gobernadora Alicia Kirchner, con los detalles técnicos de la ampliación del edificio del Tribunal de Cuentas, fue retirado de la pared del edificio del organismo oficial. El cartel transgredía la Ley de Ética Pública que prohíbe a los funcionarios imprimir sus nombres propios o imágenes en publicidades oficiales.

El letrero había aparecido la semana pasada en una de las paredes del edificio del Tribunal de Cuentas y fue observado en una nota elevada al presidente del organismo, Carlos Ramos, por la vocal por la minoría política Yanina Gribaudo. «El Gobierno usa los recursos públicos para promocionar a sus dirigentes y no respeta las leyes vigentes» escribió Gribaudo en su nota.

«Las autoridades máximas son las que deben dar el ejemplo y ser las primeras en cumplir todas las leyes de la provincia», argumentó.

Hasta ayer el cartel se exhibía en una de las paredes del Tribunal de Cuentas

En su edición de ayer Winfo Santa Cruz informó sobre el episodio que si bien es uso y costumbre tanto en las obras provinciales como en varios municipios de la provincia cuyos intendentes suelen imprimir sus nombres en los cartesles de obras, se trata de prácticas reñidas con la transparencia en la administración pública.

El hecho de que el cartel transgresor haya sido colocado en el edificio del Tribunal de Cuentas, le sumaba una cuota más de gravedad por tratarse del organismo responsable de controlar la administración de Alicia Kirchner.

En la nota de la vocal Yanina Gribaudo dirigida al presidente del TC, Carlos Ramos, alude al artículo 42 de la ley de Etica en la Función Pública 25188 «la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal o de las autoridades o funcionarios públicos».

Un reciente relevamiento realizado por la Red Ruido en las 23 provincias argentinas más CABA, arrojó que el 58% de los gobernadores destinan fondos públicos para promocionar sus imágenes y/o nombres en la publicidad oficial.