RÍO GALLEGOS.- El polémico concurso organizado por el intendente, Pablo Grasso, que premia al ganador con un viaje con todos los gastos pagos para presenciar la primera fase del mundial de fútbol de Qatar, motivó una denuncia en el fuero penal para que se investigue si el jefe comunal hace uso de fondos públicos para fines no autorizados. También apunta a los demás funcionarios, en el caso de que hayan avalado la realización del concurso, e incluso si prestaron conformidad para sacarse fotos con los concursantes, uno de los requisitos para participar.

La denuncia la realizaron el diputado provincial, Daniel Roquel, y el presidente del comité local de la UCR, Marcelo Saa. En su presentación exponen que «Resulta de estado público que el Municipio carece de partida presupuestaria destinada a realizar sorteos públicos», y que no tiene competencia para realizarlos.

 Con este fin quieren que el juez solicite al municipio que, remita el instrumento legal de aprobación del sorteo en cuestión, y las actuaciones administrativas que la respaldan.

Que informe cuáles fueron las partidas presupuestarias que afectó al gasto que demande el sorteo en cuestión. Y por último, quieren saber si «se requirió consentimiento de los funcionarios públicos con quienes se requiere tomarse una fotografía para poder participar en el sorteo; y forma de determinación de dichas personas».

En otra parte de su denuncia, Roquel y Saa sostienen que «Los presuntos responsables resultarían ser los funcionarios públicos que intervinieron y consintieron con su participación en la utilización de fondos públicos para la difusión de su imagen personal, Pablo Graso, Moira Lanesán, Leandro Fadul, Eloy Echazú; sin perjuicio de la posibilidad de otros eventuales responsables».

El polémico concurso, tuvo amplia repercusión en medios nacionales.

Luego que el intendente, Pablo Grasso, lanzara el concurso para que una persona viaje al mundial de fútbol a realizarse en Qatar con todos los gastos pagos, la noticia adquirió rápidamente trascendencia en medios nacionales, por lo generoso del premio y poque la participación de los funcionarios municipales constituye un evidente acto de autopromoción, lo que está vedado por la ley de Ética Pública.

Una reciente relevamiento de la Red Ruido incluyó a Grasso como uno de los intendentes de capitales provinciales que utiliza fondos públicos para promoción personal, una práctica reñida con -entre otras normas- la ley nacional de Ética Pública 25.188, que en su artículo 42 señala:

«La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos».

Según el jefe comunal con el concurso se busca «un embajador vecinal» en el mundial. Entre los requisitos, los participantes deberán sacarse una foto con «personas destacadas», entre ellos varios funcionarios municipales.