EL CALAFATE.- En la cuarta jonada de alegatos, el fiscal Diego Luciani, detalló las irregularidades en la adjudicación de obras por 220 millones de dólares para remediación de canteras en Santa Cruz, las obras fueron realizadas por las empresas de Lázaro Báez, "que eran Néstor Kirchner y Cristina Fernández", enfatizó el fiscal. Las remediaciones de canteras fueron financiadas con fondos nacionales, y la primera se realizó a partir de que Carlos Sancho asumió la gobernación tras la renuncia de Sergio Acevedo.

Para el fiscal Diego Luciani, "las obras de remediación ambiental fueron una mentira, una ilusión" al afirmar que se trató del esquema de recaudación de fondos en los meses previos a la campaña electoral presidencial de 2007.

Las empresas que se presentaban en las licitaciones eran todas vinculadas a Báez. "Petersen era una empresa acompañante", señaló el fiscal Luciani aludiendo a que se presentaba para dar apariencia de normalidad a la cartelización de la obra pública.

Las irregularidades que mencionó Luciani en su alegato de hoy, son entre otras, que de las licitaciones participaban solo las empresas vinculadas a Lázaro Báez, ya que los procesos licitatorios no se difundían debidamente como indica la ley: "las demás empresas no se enteraban", afirmó una y otra vez, el fiscal.

También marcaron la "celeridad con la que se adjudicaban las obras" por parte de la Comisión de Adjudicación quien "en cuatro o cinco días analizaban voluminosos expedientes", en cuyo tiempo "es imposible hacer un estudio con seriedad", afirmaron. En el mismo sentido los fiscales demostraron cómo muchas obras se abonaban en en plazos menores a los que se estipulaban, "en cinco meses se cancelaban certificaciones de obras", que debían realizarse en 16 meses.

El fiscal Sergio Mola ejemplificó que una muestra de la falta de difusión de las obras es que en el diario "El Periódico Austral, las licitaciones se publicaban en secciones como Deportes, o al lado de una sopa de letras", en alusión al popular crucigrama.

"Nadie más tuvo oportunidad de ganar este negocio, solo Lázaro Baez",  remarcó el fiscal, apuntando que además de la falta de difusión de las licitaciones, existía lo que llamó "cepos para que las empresas participaran”, ya que una de las cláusulas, exigía a las empresas haber construido una obra pública similar, "en los últimos diez años", requisito que excluía a las constructoras de participar.

La falta de capacidad de contratación y de operación que tenía Austral Construcciones, es otra de las irregularidades que puntualiza Luciani en su alegato.

Contó en su alegato que por este motivo es que “estas obras ni siquiera fueron denunciadas en el registro nacional de constructores de la obra pública, y tenían la obligación de hacerlo”, ya que de ninguna manera podía obviarse el cumplimiento de este requisito, sin el cual ninguna empresa podía participar de las licitaciones.

También señaló que las obras de remediación de canteras, "fueron solicitadas por el Poder Legislativo de Santa Cruz”, y en este punto ironizó: "en otras palabras, el pueblo de snatan cruz era quien le pedía a lazaro báez que remediase canteras".

Parte de la documentación exhibida en los alegatos, el pedido del Poder Legislativo al Ejecutivo para que realice las obras.

Y en este punto remarcó un dato llamativo, "las obras de remediación fueron solicitadas con la firma de dos personas, Jorge Cabezas, y Miriam Aguiar", ésta última diputada provincial y el primero secretario de la Cámara de Diputados.

Otra irregularidad entre las decenas de pruebas que presentó hoy Luciani en la primera parte de la cuarta jornada de alegatos es que "El convenio marco para las obras de remediación de canteras, se firmó el 14 de juniio de 2006 por Juan Carlos Villafañe cuando ya se habían contratado a las empresas de Báez para realizar las obras".

"Fueron una apariencia para extraer dinero ilícito del estado argentino. Fue una gran mentira, señores jueces", reafirmó el fiscal.