Por: Bárbara García *

El viernes 03 de abril fuimos testigos de cómo cientos de personas mayores se juntaron en las puertas de los bancos esperando cobrar sus jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, en muchos casos sin respetar el distanciamiento recomendado frente a la pandemia del coronavirus.

La formación de largas filas de mayores, escenario ya conocido en distintos puntos de nuestro país, respondía a la necesidad de acercarse personalmente a la sucursal para recibir el cobro porque aún no se familiarizaron o no utilizan las tarjetas de débito.

Lo sucedido no sólo puso en crisis el esfuerzo y la efectividad del aislamiento social obligatorio que está realizando todo el país en este momento, sino también colocó el acento en la falta de previsión de las autoridades nacionales con respecto a la situación de las personas mayores y el cobro de sus haberes -ingreso necesario para el sustento de sus hogares-.

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Las filas de las personas mayores en las puertas de los bancos enfrentando cualquier tipo de condición climática son una postal cotidiana de nuestro país, por lo que era previsible que esta situación podría volver a suceder.

La barrera tecnológica que existe entre los mayores y el acceso a los servicios es una realidad insoslayable, y la situación de aislamiento por el Covid-19 no hizo más que ponerla de relieve.

¿Por qué las autoridades nacionales no prestaron atención a esto y se mostraron con sorpresa? ¿Se trata de una casualidad? o ¿Existe una desatención del Estado en estas cuestiones?

Según un informe de la UCA, el 51,1% de las personas mayores utiliza el cajero automático y el 46,5% cobra por ventanilla en el banco, mientras que solo el 23,9% ha ingresado alguna vez por internet a su cuenta bancaria.

Estos datos ponen en evidencia el gran trabajo que aún queda por delante en relación a la implementación de políticas públicas dirigidas a estimular la capacitación financiera en este segmento de la sociedad y a la extensión de puntos alternativos de cobros en los barrios.

En sociedades cada vez más envejecidas, como es el caso de la Argentina, la vejez deja de ser un asunto privado -personal y de las familias- y los Estados deben comenzar a asumir con mayor fuerza responsabilidades en el bienestar de las personas mayores.

Es decir, el destino de la población adulta tienen consecuencias colectivas y es la sociedad quien debe reconocer estos riesgos como destinatarios de atención pública. De esta manera, el mejoramiento de las condiciones de vida en relación a la asistencia de cuidados a largo plazo, como también a gozar de un envejecimiento activo, son derechos de las personas mayores que los Estados deben proteger y garantizar.

Nos encontramos frente a un momento crucial donde debemos actuar de forma organizada y planificada para evitar un desastre sanitario y salvar la mayor cantidad de vidas posibles.

Lo sucedido el viernes 03 de abril, no sólo demostró el peligro que supone exponer de forma colectiva a la población más vulnerable al virus Covid- 19, sino también la insuficiente atención del Estado frente a cuestiones tan necesarias y básicas como la relación de los mayores y el sistema financiero: “poder cobrar para alimentarse”.

La pandemia mundial desafía día a día a todos los países del mundo, pero a la vez nos deja enseñanzas que tendremos que revisar e incorporar para los tiempos que vienen, sobre todo en lo referente al bienestar de las personas mayores.

La relación de los abuelos y abuelas con el sistema financiero, la brecha digital, la organización de los servicios de cuidado domiciliarios y la incorporación de la asistencia digital en los hogares, el desborde de las residencias de cuidado permanentes, la condiciones laborales y la valorización del trabajo de las personas cuidadoras, son algunos de los temas que el Estado deberá poner atención para avanzar en la construcción de una sociedad para todas las edades.

* La autora: Licenciada en Ciencia Política (UBA). Especialista en Políticas Sociales Urbanas – Untref. Actualmente se encuentra realizando su tesis para la Maestría en Políticas Sociales Urbanas en la Untref sobre personas mayores y cuidado en la CABA. Además se desempeña como asesora legislativa en el Honorable Senado de la Nación.