DSC_2514La diputada de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, cuestionó «la falta de voluntad política real del gobierno en resolver un conflicto que lleva cuatro meses». Además de reclamar la inclusión de APROSA en la paritaria sectorial, pidió al Ejecutivo «mirar la salud pública desde el lugar de los enfermos y quienes los atienden». «Pasaron cuatro meses muy largos y, lejos de resolverse, el panorama se complica con la falta de diálogo cierto y la pretensión del Ejecutivo de declarar una Ley de Emergencia como única alternativa que parece más una provocación que una salida», consideró. Para la legisladora de Encuentro Ciudadano, «el gobierno se desentiende al no tener políticas públicas claras en materia de salud, al no generar condiciones para que los profesionales y trabajadores de la salud se radiquen en cada localidad, al no pagar las prestaciones que entonces se cortan, cuando compra aparatología de última generación sin prever mantenimiento ni reparación, cuando no cumple con el compromiso de restituir la Caja de Servicios Sociales a los trabajadores después de décadas de intervención”. Para la legisladora «es inconcebible que, en el marco de la conciliación obligatoria, le exijan a la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSA) más credenciales de las necesarias por ley para poder ser parte de la negociación. Y lo hace un gobierno que, por otra parte, asumió con credenciales inconstitucionales”. “Respeto profundamente el voto de la gente con sus múltiples motivos. Lo que cuestiono es lo que el que gana hace con ese voto que recibe: la ciudadanía vota a un gobierno para que le resuelva los problemas, no para que los prolongue y los empeore, para que los desconozca y los agrave», analizó. Mestelán consideró que, como contrapartida, el gobierno debería «mirar la salud pública desde el lugar del enfermo. Es un desafío urgente mirar la realidad del sistema de salud desde el lugar de los que lo atienden, profesionales y trabajadores de la salud. Ayudaría a detener la crisis estructural que padecemos». En síntesis, “no se asegura la atención primaria de salud, mucho menos prevención. Es un gobierno que termina no valorando ni cuidando a los que cuidan, cuando es un deber del Estado garantizar que todo habitante de Santa Cruz tenga asegurado el acceso a la salud pública”.