14117826_306997732988282_4731970126591874227_nMenos de un mes duró la intención del gobierno provincial de imponer la Emergencia Educativa y Edilicia,  ya que hoy  anunció el retiro del controvertido proyecto ingresado a la legislatura el 03 de agosto, y anunció que promoverá un Acuerdo Social Educativo con los sectores involucrados en la educación provincial. El anuncio viene con un pedido a la ADOSAC: "que mañana y pasado el Sindicato Docente decida como gesto el dictado de clases, teniendo en cuenta que el motivo de tal decisión giraba principalmente sobre el Proyecto de Ley de Emergencia Educativa", indicaron desde el gobierno. La ADOSAC ya había adelantado un paro para el miércoles 24 y jueves 25 de agosto, en el marco de la jornada nacional de protesta convocada por la Central de Trabajadores de la Educación, y en protesta por el proyecto de Emergencia Educativa. De todos modos si bien el gobierno ya dio marcha atrás con la Emergencia Educativa, ayer se conoció otra iniciativa del oficialismo tendiente a declarar "Servicio Público Escencial" la Educación, con el fin de "equilibrar el derecho de huelga, con el derecho a la educación", proyecto que ya despertó críticas en el ámbito docente por considerar que oculta la intención del gobierno de neutralizar los reclamos de estatales. Al respecto el abogado de la ADOSAC,  Enrique Papa,  señaló que “según la OIT, solo la salud y la seguridad son servicios esenciales, la educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado”, enfatizó el letrado, quien indicó además que la Emergencia Educativa que propone el reemplazo de docentes en huelga,  “avasalla el artículo 14 bis y el articulo 75 inciso b de la Constitución Nacional, con estos proyectos los profesores suplentes solamente serían ‘carneros’ hablando vulgarmente”, cuestionó Papa. El anuncio oficial del retiro del proyecto de Emergencia Educativa "Luego de una extensa jornada de debate y como consecuencia de las reuniones que se vienen desarrollando en diversas localidades, y fundamentalmente en la localidad de Piedra Buena por parte de los Diputados, se acordó con la Gobernadora en aras del consenso el retiro en el día de hoy del Proyecto de la Ley de Emergencia Educativa y la presentación de un nuevo proyecto que busque fundamentalmente acordar políticas públicas para la mejora de la educación en la provincia a través de un diálogo franco y sincero, que privilegie el interés y el derecho de los alumnos por sobre todas las cosas", explicó el gobierno a través de un parte de prensa. El proyecto establecía el reemplazo de docentes a través de disposiciones extraordinarias a través de un nuevo régimen de inscripciones y habilitaciones para ejercer la docencia,  creaba la figura de Representantes Escolares Comunitarios,  y otorgaba al gobierno facultades para contratar servicios y personal en forma directa,  entre otros puntos, con el argumento de "garantizar la educación y los intereses de los niños”. La iniciativa, que según la gobernadora, "había surgido a pedido de los padres de toda la Provincia", había sido rechazada por los docentes, los gremios estatales, y diputados de la oposición, al punto que obligó a suspender la sesión legislativa del 11 de agosto en la que iba a tomar estado parlamentario el proyecto Nro299/16, luego de una movilización y vigilia convocada por la Adosac en contra de la Emergencia Educativa. El Acuerdo Social Educativo que ahora propone el Ejecutivo Provincial, contiene como puntos centrales la convocatoria a todos los actores que participan e intervienen en la educación pública provincial, en sus distintas modalidades y tiene el objeto de evaluar y fortalecer la continuidad, calidad y contenidos en el proceso de enseñanza en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo II “Fines y Objetivos de la Política Educativa Provincial” de la Ley de Educación Provincial N° 3305. Los diputados aclararon que no existe ningún artículo que tenga que ver o se refiera al Proyecto de Ley de Emergencia Educativa, sino lo que se pretende es un debate amplio y profundo que se realice más allá de las pertenencias políticas o sindicales.