sociedad.Represas: El gobierno analiza modificar la ley que perjudica a los ribereños
Compartir
RIO GALLEGOS.- El gobierno provincial analiza modificar la ley que perjudica a los estancieros ribereños del río Santa Cruz que verán expropiadas desmedidamente sus campos si avanza la construcción de las represas Nestor Kirchner y Jorge Cepernic. Desde la gestión de Alicia Kirchner dan señales que podría haber una marcha atrás a la ley aprobada en septiembre de 2014.
Los primeros indicios llegaron el viernes pasado cuando un puñado de estancieros se reunieron con Javier de Urquiza, presidente del Consejo Agrario Provincial a raíz de un pedido que elevaron un mes atrás. La reunión surgió en respuesta a nota que los estancieros de más de 40 estancias que se verán afectados por la construcción de las represas, y que elevaron a la gobernadora, al Consejo Agrario Provincial y a los 24 diputados.
En la nota solicitan que se derogue la ley 3389 a fin de garantizar que no sean afectadas por inundación mayores extensiones de tierra que las estrictamente necesarias para la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz. Se trata de la Ley 3389 amplió considerablemente la superficie a expropiar en 200 metros en toda su extensión y en ambas márgenes del río, sin ningún estudio técnico previo y sin ningún fundamento técnico, con el consecuente daño ambiental .
Durante la reunión, hubo guiños de parte de los funcionarios presentes para avanzar en la derogación de la ley que les había quitado la posibilidad de ser ribereños y por lo tanto ponía en peligro el ganado ya que no le garantizaba el acceso al agua necesario para mantener el pastoreo.
Sobre la ley 3389 nunca hubo desde las autoridades provinciales explicaciones sobre la modificación que les expropiaba los 200 metros de costa. Siempre sobrevoló la idea que se habilitaría a China la instalación de inmigrantes de aquel país en esa ribera, pero nunca hubo nada escrito ni firmado sobre este tema, que también estuvo presente en la reunión.
La ley que duplicó la ampliación de hectáreas a expropiar, calculadas en unas 90 mil, fundamentó la franja de 200 metros del perilago colindante que se expropia como medida preventiva con argumentos que carecen de rigor científico. Fundamentan que nuevos estudios técnicos aseguran la posible formación de “llamémosle oleaje, mareas eólicas producidas por el viento y otra serie de intercambios con el medio”, según el texto que fundamente la ley.
En la reunión del viernes pasado, las autoridades dejaron expresamente aclarado que la provincia nada influye en la construcción de la obra y solo puede intervenir en el “usdo del agua” mediante la Autoridad de la Cuenca de Río Santa Cruz, una entidad que nunca se creó. Durante la reunión De Urquiza deslizó que las expropiaciones cuyo juicios empezaron a encaminarse el año pasado, podría quedar ahora en manos de la Nación.
Por primera vez en dos años los estancieros recibieron desde el gobierno una señal para atender sus reclamos. Por ahora solo son promesas, pero es mas de lo que tenían hasta ahora.
RIO GALLEGOS.- El gobierno provincial analiza modificar la ley que perjudica a los estancieros ribereños del río Santa Cruz que verán expropiadas desmedidamente sus campos si avanza la construcción de las represas Nestor Kirchner y Jorge Cepernic. Desde la gestión de Alicia Kirchner dan señales que podría haber una marcha atrás a la ley aprobada en septiembre de 2014.
Los primeros indicios llegaron el viernes pasado cuando un puñado de estancieros se reunieron con Javier de Urquiza, presidente del Consejo Agrario Provincial a raíz de un pedido que elevaron un mes atrás. La reunión surgió en respuesta a nota que los estancieros de más de 40 estancias que se verán afectados por la construcción de las represas, y que elevaron a la gobernadora, al Consejo Agrario Provincial y a los 24 diputados.
En la nota solicitan que se derogue la ley 3389 a fin de garantizar que no sean afectadas por inundación mayores extensiones de tierra que las estrictamente necesarias para la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz. Se trata de la Ley 3389 amplió considerablemente la superficie a expropiar en 200 metros en toda su extensión y en ambas márgenes del río, sin ningún estudio técnico previo y sin ningún fundamento técnico, con el consecuente daño ambiental .
Durante la reunión, hubo guiños de parte de los funcionarios presentes para avanzar en la derogación de la ley que les había quitado la posibilidad de ser ribereños y por lo tanto ponía en peligro el ganado ya que no le garantizaba el acceso al agua necesario para mantener el pastoreo.
Sobre la ley 3389 nunca hubo desde las autoridades provinciales explicaciones sobre la modificación que les expropiaba los 200 metros de costa. Siempre sobrevoló la idea que se habilitaría a China la instalación de inmigrantes de aquel país en esa ribera, pero nunca hubo nada escrito ni firmado sobre este tema, que también estuvo presente en la reunión.
La ley que duplicó la ampliación de hectáreas a expropiar, calculadas en unas 90 mil, fundamentó la franja de 200 metros del perilago colindante que se expropia como medida preventiva con argumentos que carecen de rigor científico. Fundamentan que nuevos estudios técnicos aseguran la posible formación de “llamémosle oleaje, mareas eólicas producidas por el viento y otra serie de intercambios con el medio”, según el texto que fundamente la ley.
En la reunión del viernes pasado, las autoridades dejaron expresamente aclarado que la provincia nada influye en la construcción de la obra y solo puede intervenir en el “usdo del agua” mediante la Autoridad de la Cuenca de Río Santa Cruz, una entidad que nunca se creó. Durante la reunión De Urquiza deslizó que las expropiaciones cuyo juicios empezaron a encaminarse el año pasado, podría quedar ahora en manos de la Nación.
Por primera vez en dos años los estancieros recibieron desde el gobierno una señal para atender sus reclamos. Por ahora solo son promesas, pero es mas de lo que tenían hasta ahora.