Manzanares

Uno de los estudios contables allanados el año pasado

EL CALAFATE.- El equipo de peritos que intenta reconstruir la ruta del dinero en la causa Hotesur considera que es incompleta la documentación con la que cuentan para poder terminar el peritaje y sobre todo identificar en qué concepto ingresaban los fondos en la firma dueña del hotel Alto Calafate. Tras analizar enormes volúmenes de información secuestrados en los múltiples allanamientos realizados en las sedes societarias, bancos, escribanías y estudios contables solicitaron a la fiscalía que realice un pedido de información al Banco Central para que detalle todas las cuentas en todos los bancos del país que podrían estar relacionadas la causa Hotesur, de acuerdo con la requisitoria que presentaron los peritos y a la que accedió LA NACION. El pedido abarca a las 25 sociedades comerciales y personas particulares involucradas en la causa en la que se intenta reconstruir la ruta del dinero. Son las firmas vinculadas a los accionistas de Hotesur -la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner , sus hijos Máximo y Florencia -, y también a Lázaro Báez y sus hijos, Cristóbal López y Osvaldo Sanfelice.
Escribanía

Escribanía en Río Gallegos allanada por Marijuán

El pedido de ampliación de información no sólo apunta al Banco Central, sino que también solicitaron que la AFIP complete los datos relativos a las empresas investigadas que se encuentran incompletos, pidiendo que indique si la ausencia de datos en ciertos períodos obedece a la inexistencia de operaciones, a que no fueron declaradas, o a cualquier otra irregularidad que explique ese faltante. Los peritos del Poder Judicial especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública basaron su pedido de información en la necesidad de «lograr mayor celeridad y seguridad en la toma de evidencias para la redacción de las respuestas encomendadas», según surge de la solicitud que formularon por escrito. En ese punto, los expertos explicaron que carecen de documentos respaldatorios «que permitan determinar la totalidad de bancos y sucursales en lo que las personas jurídicas o humanas citadas, han tenido cuentas en pesos o en cualquier otra moneda, a través de las cuales puedan haber canalizados pagos o cobros». Los peritos plantearon que no solo los complica el volumen de información que analizan, sino además que la mayoría de los bancos a los que les solicitaron la información no la brindaron en soporte digital, sino en copias papel. «La toma de evidencia de cada uno de dichos instrumentos implica un tiempo de dedicación sumamente excesivo en función del escaso plazo que se dispone para completar la respuesta a todos los puntos periciales», explicaron, «pudiéndose lograr una importante economía de tiempo si los bancos dieran cumplimiento» en soporte digital. Adelantaron además a la Justicia que el trabajo que desarrollan afrontará dificultades singulares, ya que por ejemplo no pueden determinar bajo qué concepto la sociedad hotelera Hotesur recibió ciertos pagos. Por esta razón, el pedido al Banco Central abarca las 25 empresas y personas involucradas en la causa, y les solicitan que informen a partir de 2008 y hasta 2015 en qué instituciones del sistema financiero han tenido cuentas corrientes, cajas de ahorro, o cualquier otro tipo de cuenta, en pesos u otra moneda. La solicitud pericial alcanza a Cristina Kirchner, Florencia y Máximo Kirchner y las empresas Alcalis de la Patagonia, Alucom Austral, Austral Construciones, Badial SA, BMC, CO.MA. SA, Credisol SA, Diagonal Sur Comunicaciones, Don Francisco, Hotesur, Idea SA. Invernepa SA, Inversora M&S SA, Kank y Costilla SA, entre otras. Además, los peritos también plantearon una observación específica sobre la documentación recibida de los bancos Nación, Santa Cruz y Patagonia: «La información se encuentra incompleta y no está en los formatos requeridos», y detallaron que los tres bancos obviaron la información requerida sobre los cheques y transferencias recibidos y emitidos por Valle Mitre. Es decir, la sociedad con la que Báez gerenció los hoteles de los Kirchner. La investigación en la causa Hotesur, llevada adelante por el fiscal Gerardo Pollicita, intenta determinar si existió una supuesta «asociación ilícita entre ex funcionarios públicos y un reducido número de empresarios amigos, dirigida por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional», entre 2003 y 2015, con el objetivo de apropiarse de fondos públicos a través de distintos presuntos negocios espurios que habrían tenido como centro los hoteles de los Kirchner.