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LA NACIÓN/Mariela Arias.- Cuando Austral Construcciones cayó en desgracia, en diciembre de 2015, al tiempo que Cristina Kirchner dejaba la presidencia, los obradores se empezaron a cerrar en toda la provincia y la empresa trajo la maquinaria a esta ciudad. Así, la sede de la constructora que más licitaciones ganó en la Patagonia durante el kirchnerismo se convirtió en un cementerio viviente de camionetas y maquinarias viales. La voluminosa flota de autos, camionetas y camiones tiene una particularidad: son en general de color blanco, en fuerte contraste con «la flota negra», los autos de alta gama que se encontraban estacionados en un galpón de la calle Güer Aike de esta ciudad que también fue allanado por la Gendarmería Nacional por orden del juez federal Sebastián Casanello como parte de su investigación sobre presunta corrupción. Parte de los autos de lujo de Báez que están en la playa del aeropuerto de Río Gallegos Parte de los autos de lujo de Báez que están en la playa del aeropuerto de Río Gallegos. Foto: Horacio Córdoba Los autos, camiones y camionetas corresponden a modelos que en su gran mayoría fueron adquiridos a partir de 2003, año en que Báez -quien ya contaba con la constructora Badial SA- entró de lleno al rubro de la construcción, a partir de crear junto a los socios Sergio Gotti (de la empresa Gotti Hnos.) y Guido Blondeau (vinculado a la financiera Invernes) la firma Austral Construcciones SA. Cuando el fiscal Guillermo Marijuan aterrizó en Río Gallegos y realizó allanamientos que se cuentan por cientos en el marco de la causa focalizó su búsqueda en contabilizar propiedades y realizar el inventario de bienes inmuebles. Uno de los operativos más llamativos fue quizá la noche en que sacaron, cual desfile de carrozas, los coches de colección de Báez y sus hijos y los lujosos conocidos como «flota negra». Hoy esos autos, estacionados en predios del aeropuerto internacional de Río Gallegos y aún tapados con nylon negro, permiten adivinar el pasado lujoso del que fueron parte. Allí, junto a los hangares, apenas son bultos acopiados con futuro incierto. De acuerdo con un informe publicado por LA NACION en 2013, sólo cinco de los autos de esa particular flota sumaban más de $ 3 millones, según los valores de mercado. De los cinco, tres estaban registrados a nombre de Austral Construcciones. Se trata de los autos más onerosos: los dos Porsche Cayenne Turbo modelos 2011 y 2006 y un Hyundai Veracruz CRDI 2009. Salvo los vehículos destinados a la seguridad particular del empresario, la flota de varios cientos de rodados estaba identificada con el logo de Austral Construcciones, y era común ver los autos recorrer las rutas de la provincia, patrullando la seguridad perimetral de las obras del empresario o realizando movimientos de suelos en los múltiples emprendimientos. Con su caída en desgracia, Báez pasó de ser el principal contribuyente en materia del impuesto a las patentes automotores al principal deudor del fisco. Ahora, la Municipalidad de Río Gallegos intenta cobrar por la vía judicial una deuda y sus intereses de más de 4,5 millones de pesos en concepto de contribuciones correspondientes a la flota de vehículos y propiedades de Austral Construcciones. La deuda que pretende cobrar el municipio se discrimina en $ 4.998.015,70, más dos millones de intereses por las contribuciones de Austral Construcciones. Allí no se contempla aún lo adeudado del año 2016, que suma otros dos millones de pesos. El acumulado de la deuda corresponde a un período de entre dos y tres años. En algunos casos, hay rodados que arrastran una deuda de hasta ocho años. Las valijas de Antonini, para guarderías El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó ayer que los 800.000 dólares secuestrados en las valijas del venezolano Guido Antonini Wilson se usarán para construir dos centros de primera infancia en Tucumán. El funcionario resaltó que el Gobierno decidió enviar el dinero a esa provincia porque en el norte del país están los peores índices de pobreza y desigualdad. «Ojalá sea el camino para muchas otras acciones y que la Justicia pueda recuperar los recursos perdidos con la corrupción, y eso vuelva a la gente», expresó. Los 790.550 dólares no declarados que Antonini Wilson intentó ingresar al país hace diez años fueron decomisados por la Justicia en septiembre del año pasado. El juez en lo penal económico Pablo Yadarola le encomendó a Peña fijar «cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública para que la suma de dinero incautada pueda reparar, en alguna medida, el daño causado a la sociedad».