actualidad.En un año en Santa Cruz rescataron a 79 víctimas de trata
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RÍO GALLEGOS.- El Equipo Diocesano de Pastoral Migratoria de la Diócesis de Río Gallegos, presentó el informe anual sobre trata de personas que arroja la sorprendente estadística de 79 mujeres que en un año fueron rescatadas del ambiente de la explotación sexual en Santa Cruz. Una de las provincias con mayor índice de este delito.
Los datos fueron recabados de distintos medios de comunicación social de la provincia que informaron sobre allanamientos realizados en Río Gallegos, Puerto San Julián, Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras entre el 01 de julio de 2016 hasta la fecha.
”Nos sigue preocupando la alta tolerancia social a naturalizar el sistema prostibulario”, que deshumaniza a la persona porque sitúa a la mujer en un lugar de ´objeto´, constituyendo una forma de violencia de género y cosificación del ser humano", señalan desde la pastoral de la diócesis de Río Gallegos y Tierra del Fuego con motivo de conmemorarse el 23 de septiembre el Día Internacional contra la explotación sexual y trata de personas.
Desde la Pastoral buscan crear conciencia en la sociedad y en todos los niveles educativos tendiente a desalentar el consumo de sexo pago.
Señalan que en los informes sobre las personas rescatadas en situación de prostitución, frecuentemente la migración no sólo es forzada, "sino que se realiza incluso a través de las modalidades de trata de personas y de reducción a la esclavitud".
Apuntan que los responsables de este delito son "Mayoritariamente varones argentinos y con vínculos entre ellos, por lo cual las mujeres son obligadas a rotar entre los prostíbulos".
Detallan que las 79 mujeres rescatadas en la provincia tienen edades que oscilan entre los 20 y los 36 años, y que la mayoría son Argentinas. "Además se encontraron mujeres de nacionalidad paraguaya, dominicana, brasileña y chilena. No se encontraron niños o niñas en situación de prostitución ni tampoco varones mayores de edad", remarca el informe.
Luego de los allanamientos las víctimas en su mayoría fueron remitidas a su lugar de origen.
Explican que las mujeres rescatadas "mayoritariamente fueron captadas mediante engaño encontrándose imposibilitadas de salir de la situación en que se encontraban, porque se les retenían su documentación personal".
Las víctimas eran explotadas en locales comerciales (bares, whisquerias) y algunos domicilios particulares, destaca el informe.
El informe agrega que en los dos procedimientos dispuestos por el Juzgado Federal en la ciudad de Río Gallegos, ambos fueron llevados a cabo por la Policía Provincial de Santa Cruz. En los restantes operativos, dispuestos por los Juzgados Federales de Santa Cruz y Chubut las fuerzas intervinientes fueron las Policías Federales de dichas provincias y la Prefectura Naval Argentina (en el caso de Puerto San Julián).
Otro dato que lleva preocupación a los miembros de la Pastoral Migratoria es que en todos los procedimientos la Justicia se limitó a clausurar el local "y los responsables, luego de ser acusados del delito de Trata de personas y fijar domicilio fueron excarcelados".
Las pruebas recolectadas en los allanamientos son dinero en efectivo y cheques, cuadernos con anotaciones sobre el funcionamiento del local, teléfonos celulares, documentos de identidad - que retenían a las mujeres para evitar que se escaparan-, pulseras – indicativas de las invitaciones de copas-,registros de “pases”, computadoras, comprobantes de giros de dinero y pasajes.
El delito de trata conlleva anexo el de droga y armas.
La Pastoral Migratoria propone medidas urgentes
Desde el equipo de la Pastoral y el obispado proponen la implementación de políticas públicas para "La abolición del sistema prostituyente", entre otras:
La persecución penal efectiva contra los tratantes, proxenetas y sus cómplices en todos los niveles del estado; el desmantelamiento de las redes de trata y prostitución; El cumplimiento de las leyes de trata de personas en los distintos niveles del estado y de la prohibición de los avisos en medios de comunicación que promueven la prostitución; La asistencia integral a la víctima y además brindar refugios de contención que permitan su protección integral, y aplicar sanciones a los prostituyentes (“clientes”) por ser parte del negocio de la explotación sexual.
Destacan la posición del Papa Francisco al referirse a las víctimas de la trata de personas, y hace un llamado a los jueces, magistrados y a la sociedad toda, expresando que “están llamados hoy más que nunca a poner gran atención en las necesidades de las víctimas. Son las primeras que deben ser rehabilitadas y reintegradas en la sociedad y por ellas se debe perseguir sin cuartel a los traficantes y “carníferos”.
No vale el viejo adagio: ´son cosas que existen desde que el mundo es mundo' … Sabemos cuán importante es que cada víctima se anime a hablar de su ser víctima como un pasado que superó valientemente siendo ahora un sobreviviente o, mejor dicho, una persona con calidad de vida, con dignidad recuperada y libertad asumida. Agregando que, “es duro el trabajo, no termina con la sentencia sino después, procurando que haya un acompañamiento, un crecimiento, una reinserción, una rehabilitación de la víctima”..
Para concluir, seguimos afirmando como Diócesis, junto a toda la Iglesia, que: “la trata de personas en todas sus formas, y en particular el tráfico para fines de explotación sexual y prostitución, debe ser declarada crimen de lesa humanidad. Los traficantes deben ser llevados a juicio en el marco de leyes nacionales e internacionales claras, con el decomiso de aquellas ganancias que sean producto de su actividad ilegal y las víctimas deben ser indemnizadas por todos los daños sufridos”.
RÍO GALLEGOS.- El Equipo Diocesano de Pastoral Migratoria de la Diócesis de Río Gallegos, presentó el informe anual sobre trata de personas que arroja la sorprendente estadística de 79 mujeres que en un año fueron rescatadas del ambiente de la explotación sexual en Santa Cruz. Una de las provincias con mayor índice de este delito.
Los datos fueron recabados de distintos medios de comunicación social de la provincia que informaron sobre allanamientos realizados en Río Gallegos, Puerto San Julián, Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras entre el 01 de julio de 2016 hasta la fecha.
”Nos sigue preocupando la alta tolerancia social a naturalizar el sistema prostibulario”, que deshumaniza a la persona porque sitúa a la mujer en un lugar de ´objeto´, constituyendo una forma de violencia de género y cosificación del ser humano", señalan desde la pastoral de la diócesis de Río Gallegos y Tierra del Fuego con motivo de conmemorarse el 23 de septiembre el Día Internacional contra la explotación sexual y trata de personas.
Desde la Pastoral buscan crear conciencia en la sociedad y en todos los niveles educativos tendiente a desalentar el consumo de sexo pago.
Señalan que en los informes sobre las personas rescatadas en situación de prostitución, frecuentemente la migración no sólo es forzada, "sino que se realiza incluso a través de las modalidades de trata de personas y de reducción a la esclavitud".
Apuntan que los responsables de este delito son "Mayoritariamente varones argentinos y con vínculos entre ellos, por lo cual las mujeres son obligadas a rotar entre los prostíbulos".
Detallan que las 79 mujeres rescatadas en la provincia tienen edades que oscilan entre los 20 y los 36 años, y que la mayoría son Argentinas. "Además se encontraron mujeres de nacionalidad paraguaya, dominicana, brasileña y chilena. No se encontraron niños o niñas en situación de prostitución ni tampoco varones mayores de edad", remarca el informe.
Luego de los allanamientos las víctimas en su mayoría fueron remitidas a su lugar de origen.
Explican que las mujeres rescatadas "mayoritariamente fueron captadas mediante engaño encontrándose imposibilitadas de salir de la situación en que se encontraban, porque se les retenían su documentación personal".
Las víctimas eran explotadas en locales comerciales (bares, whisquerias) y algunos domicilios particulares, destaca el informe.
El informe agrega que en los dos procedimientos dispuestos por el Juzgado Federal en la ciudad de Río Gallegos, ambos fueron llevados a cabo por la Policía Provincial de Santa Cruz. En los restantes operativos, dispuestos por los Juzgados Federales de Santa Cruz y Chubut las fuerzas intervinientes fueron las Policías Federales de dichas provincias y la Prefectura Naval Argentina (en el caso de Puerto San Julián).
Otro dato que lleva preocupación a los miembros de la Pastoral Migratoria es que en todos los procedimientos la Justicia se limitó a clausurar el local "y los responsables, luego de ser acusados del delito de Trata de personas y fijar domicilio fueron excarcelados".
Las pruebas recolectadas en los allanamientos son dinero en efectivo y cheques, cuadernos con anotaciones sobre el funcionamiento del local, teléfonos celulares, documentos de identidad - que retenían a las mujeres para evitar que se escaparan-, pulseras – indicativas de las invitaciones de copas-,registros de “pases”, computadoras, comprobantes de giros de dinero y pasajes.
El delito de trata conlleva anexo el de droga y armas.
La Pastoral Migratoria propone medidas urgentes
Desde el equipo de la Pastoral y el obispado proponen la implementación de políticas públicas para "La abolición del sistema prostituyente", entre otras:
La persecución penal efectiva contra los tratantes, proxenetas y sus cómplices en todos los niveles del estado; el desmantelamiento de las redes de trata y prostitución; El cumplimiento de las leyes de trata de personas en los distintos niveles del estado y de la prohibición de los avisos en medios de comunicación que promueven la prostitución; La asistencia integral a la víctima y además brindar refugios de contención que permitan su protección integral, y aplicar sanciones a los prostituyentes (“clientes”) por ser parte del negocio de la explotación sexual.
Destacan la posición del Papa Francisco al referirse a las víctimas de la trata de personas, y hace un llamado a los jueces, magistrados y a la sociedad toda, expresando que “están llamados hoy más que nunca a poner gran atención en las necesidades de las víctimas. Son las primeras que deben ser rehabilitadas y reintegradas en la sociedad y por ellas se debe perseguir sin cuartel a los traficantes y “carníferos”.
No vale el viejo adagio: ´son cosas que existen desde que el mundo es mundo' … Sabemos cuán importante es que cada víctima se anime a hablar de su ser víctima como un pasado que superó valientemente siendo ahora un sobreviviente o, mejor dicho, una persona con calidad de vida, con dignidad recuperada y libertad asumida. Agregando que, “es duro el trabajo, no termina con la sentencia sino después, procurando que haya un acompañamiento, un crecimiento, una reinserción, una rehabilitación de la víctima”..
Para concluir, seguimos afirmando como Diócesis, junto a toda la Iglesia, que: “la trata de personas en todas sus formas, y en particular el tráfico para fines de explotación sexual y prostitución, debe ser declarada crimen de lesa humanidad. Los traficantes deben ser llevados a juicio en el marco de leyes nacionales e internacionales claras, con el decomiso de aquellas ganancias que sean producto de su actividad ilegal y las víctimas deben ser indemnizadas por todos los daños sufridos”.