SANTA CRUZ.- El fallecimiento de cinco abuelos residentes en el Hogar Zumalacarregui y el contagio de otros diez, suma críticas y denuncias contra el gobierno por las deficientes condiciones sanitarias del lugar en el marco de la pandemia, que afecta tanto a los abuelos alojados allí como al personal que los atiende. El reciente deceso de un abuelo, y la sentida despedida de una amiga por facebook.
Cinco fallecimientos de abuelos que residían en el Hogar Braulio Zualacarregui ocurridos en las últimas dos semanas, más la detección de otros 10 casos positivos no solo lleva intranquilidad a familiares y amigos de los residentes y empleados, sino que motiva denuncias contra las autoridades del ministerio de Desarrollo Social e incluso contra la gobernadora, Alicia Kirchner.
Hoy ATE responsabilizó al Ejecutivo Provincial "por las condiciones deficitarias en materia de seguridad edilicia del hogar de ancianos, Braulio Zumalacarregui, y la paupérrima situación sanitaria en que se encuentran los abuelos allí alojados", afirmaron a través de un comunicado de prensa.
"Es de dominio público la pérdidas de vidas humanas acaecidas en estos últimos días que enlutan, no solo a los familiares directos, sino también, se hace extensivo a los trabajadores y trabajadoras y al hogar de ancianos", expresaron desde el Consejo Directivo del gremio.
En el Hogar Zumalacarregui residen 18 adultos mayores, y además de los casos activos, hay dos abuelos internados en el Hosptal Regional.
Manifestaron además que hoy estaba pactada una reunión del Comité de Crisis del Ministerio de Desarrollo Social, "a la que fuimos convocados y por la que hemos bregado insistentemente en el marco de la pandemia y resguardo preventivo, pero hoy, esa reunión, fue suspendida unilateralmente por el Ministerio de Desarrollo", manifiestan.
Denuncian que si bien la pandemia por el COVID-19 atraviesa la provincia, el país, y con una escalada a nivel mundial, "no es menos cierto que la responsabilidad de gestión y generador de políticas públicas en materia de salud en este caso recae con todo el peso de la constitución y el estado de derecho, en el poder ejecutivo provincial", señalan.
"Con la misma urgencia, y por cuanto medio nos permita expresar la denuncia y reclamo, seguiremos bregando por los derechos laborales y la protección de los más débiles, en este caso, los ancianos", concluyen.