RÍO GALLEGOS. El gobierno impulsa la creación de una Secretaría de Estado que dependerá del Jefe de Gabinete, y desplazará al Consejo Agrario en el manejo de los Recursos Hídricos provinciales. El argumento es establecer una política de estado con «formas de administración pública más eficientes y eficaces, con las capacidades técnicas, profesionales, económicas y financieras a la altura del valor del recurso para la provincia». Con críticas, ruralistas se oponen a la iniciativa que además genera inquietud en el CAP que en 30 días deberá traspasar la Dirección de Recursos Hídricos a la nueva Secretaría. Se creará un Observatorio del Agua.

A través del proyecto de Ley 357/2020 que firman los diputados Jorge Arabel, Juan Manuel Miñones, Carlos Santi y Claudio Barría, el gobierno impulsa la creación de una Secretaría de Estado que dependerá del Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez. y desplazará al Consejo Agrario en el manejo de los Recursos Hídricos provinciales.

Entre otros fundamentos, la iniciativa plantea que la Provincia debe establecer una política de estado en el manejo «de los recursos superficiales y subterráneos, continentales y marítimos«, para, de ese modo, dotar de «formas de administración pública más eficientes y eficaces, con las capacidades técnicas, profesionales, económicas y financieras a la altura del valor del recurso para la provincia así como de su significado para las futuras generaciones», indica el texto.

En otro párrafo señala que la Ley provincial No.1451 de Recursos Hídricos del año 1982 nunca fue reglamentada, y que a pesar de sus casi cuatro décadas de vigencia, «no se ha establecido una Política Pública de Estado en relación con su aprovechamiento y la conservación», reconoce el proyecto.

Según los autores del proyecto, «hay evidencias no aún del todo documentadas en Patagonia, respecto a cambios en patrones y tendencias que determinan importantes incertidumbres sobre la disponibilidad futura, en producción y calidad, para el acceso humano y ambiental».

La iniciativa incluye la creación de un Observatorio del Agua que estará conformado por un consejo directivo integrado por seis miembros representantes de organismos públicos provinciales: Consejo Agrario Provincial, Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, Secretaría de Estado de Ambiente, Instituto de Energía, Secretaría de Estado de Minería, y la propia Secretaría de Estado de Recursos Hídricos.

El proyecto no estipula cómo se financiará la nueva estructura que gestionará los Recursos Hídricos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Actualmente el Consejo Agrario es el organismo que recauda el dinero que abonan las petroleras y las mineras por el uso del agua para la actividad extractiva, y las multas que se generan por eventuales incumplimientos por parte de las empresas.

Una vez aprobada la ley, cuyo proyecto el oficialismo procura tratar en comisiones el próximo martes y votar dos días después en el recinto, se dispone que «Dentro de un plazo no mayor a los 30 días, se deberán transferir el total de bienes e insumos, personal, instalaciones, recursos económicos y financieros de la actual Dirección Provincial de Recursos Hídricos a la SRH para asegurar el normal funcionamiento de la dependencia, con similares responsabilidades hasta tanto se disponga del Decreto Reglamentario mencionado en el artículo 11°».

Dicho artículo estipula el plazo de 180 para reglamentar la nueva orgánica de la Secretaría de Recursos Hídricos.

Ruralistas consideran que no es el momento para crear una nueva estructura y piden que el gobierno dote de recursos al Consejo Agrario

Desde la Sociedad Rural de Río Gallegos, dirigieron una nota a los legisladores del Frente de Todos, planteando su preocupación por el avance del proyecto.

«El proyecto no agrega funciones ni atribuciones que no tenga la Dirección Provincial de Recursos Hídricos dependiente del CAP», dice la nota.

Cuestionan que «el proyecto crea nuevas estructuras, que en la actual situación presupuestaria no creemos sean la mejor política para la Provincia«.

Consideran que Recursos Hídricos debe permanecer en la órbita del CAP, «por la gran vinculación que tiene el recurso Hídrico con la producción Agropecuaria, con las áreas Protegidas y el desarrollo de las producciones bajo riego, las cuales son áreas del CAP», argumentan.

Manifiestan que «de ser necesario agregar funciones o fijar políticas específicas sobre el recurso, existen los canales suficientes como para mejorar sin crear nuevas Instituciones», expresan en otro párrafo, y consideran «un error quitarle áreas de trabajo al Consejo Agrario Provincial en lugar de fortalecer el organismo técnico más importante que tiene la provincia, del cual han surgido excelentes profesionales que hoy y en otras épocas se destacan en otras instituciones de nivel nacional como el SENASA y el INTA».

Por último se ponen a disposición para abordar el tema en conjunto.

Fuentes vinculadas al agro, aseguraron a Winfo Santa Cruz que el CAP es una institución estratégica dentro de la provincia, «por la presencia que tiene en todos los pueblos de la provincia», lo que facilita las gestiones.

«Si vos armás por fuera una secretaría de recursos hídricos, cada productor o chacarero deberá gestionar solo en en Río Gallegos, y en ese caso un productor de Los Antigüos o de Perito Moreno deberá recorrer cientos de kilómetros cada vez que deba tramitar una gestión», ejemplifican.

También remarcan que «Las decisiones del consejo se toman en un directorio que durante los últimos años funcionó de modo incompleto».