RIO GALLEGOS.- El Colegio de Odontólogos denunció que el gobierno provincial decretó una intervención encubierta de la entidad quitándole facultades conferidas por la Ley de creación del año 1965. En mayo los profesionales votaron en asamblea nuevos aranceles para las prestaciones, ante el desfasaje de costos que produjo el descalabro económico por la pandemia. La CSS dio de baja a los prestadores.

Por Decreto N° 1246, publicado en el boletín oficial el 30 de octubre del 2020, la gobernadora, Alicia Kirchner, dispuso que en adelante el Colegio de Odontólogos, «deberá someterse al control, fiscalización y la supervisión del Ministerio de Salud, los estatutos, reformas, códigos, resoluciones y reglamentos que dicten en cuanto incidan en el ejercicio profesional de la actividad odontológica y en la salud buco-dental de la población», dice el instrumento legal.

En otro de sus artículos, afirma que los honorarios y aranceles profesionales aprobados por asamblea del Colegio, «son importes sugeridos como referencia, y no deben ser interpretados como aranceles mínimos de carácter obligatorio», al tiempo que establece que «regirán para los contratos que celebren con pacientes que abonen de forma particular o privada, o que no posean la cobertura de una obra social prepaga».

El 6 de mayo el Colegio de Odontólogos estableció los aranceles mínimos, los que fueron votados en asamblea, «estos aranceles no son puestos de manera caprichosa, sino que responden a una estructura de costos a nivel nacional», argumentaron los profesionales.

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Explican que a raíz de las deficiencias del sistema de salud gestionado por empresas de medicina prepaga y obras sociales, los odontólogos debían atender a 15 o más pacientes en una jornada laboral «para paliar el magro arancel por prestación realizada», señaló el dr. Luis Eceiza, presidente de la entidad

Agregó que «cuando se desató la pandemia, y a raíz de la aplicación de los protocolos sanitarios, pasaron a atender a 4 pacientes por jornada«, lo que les provocó un lógico desequilibrio en sus estructuras de costos.

Por este motivo y con el voto mayoritario de los socios del Colegio, los odontólogos de la provincia decidieron establecer aranceles mínimos éticos conforme a la ley 547 art. 3 inciso i, «en pos de garantizar la calidad de la salud bucal de la población», fundamentan.

Según refiere el profesional, la mayoría de las obras sociales adhirieron a este arancel salvo la CSS y OSDE. Tras lo cual se desató «una campaña estratégica de parte de estas obras sociales, de desconocer y dudar de las facultades de esta institución», asegura el dr Eceiza.

Indicó que ante este panorama el colegio decidió someter la Ley que rige la entidad a una determinación de certeza, pero luego, «sin esperar el fallo de la justicia se arremetió en contra de las facultades del colegio reglamentando una ley por decreto, y cambiando el espíritu de la ley«, explicó.

Considera «totalmente inconstitucional y autoritario», el proceder del gobierno, que le quita autonomía a la institución, y calificó de «intervención encubierta permanente», la medida adoptada por el Ejecutivo Provincial.

El Decreto firmado por la gobernadora, Alicia Kirchner.

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«Un día de luto para la profesión odontolóógica y para la democracia en la Provincia de Santa Cruz«.

Luego de conocerse el Decreto Provincial que le quita facultades al Colegio y lo somete al control y fiscalización gubernamental, desde la entidad difundieron un documento fijando posición.

El texto completo.

El gobierno atenta duramente contra la democracia y la autonomía del Colegio de Odontólogos.

Mediante un decreto publicado en el boletín oficial el 30 de Octubre del 2020, el gobierno de Alicia Kirchner busca intervenir nuestro Colegio de Odontólogos, quitando las facultades que fueron otorgadas en las leyes 547 y su modificatoria 3629, y marcando un precedente para todos los colegios profesionales de la provincia. Consideramos que es un día de luto para la profesión odontológica y para la democracia en la Provincia de Santa Cruz y no permitiremos que nos quiten nuestra autonomía, la voz y los derechos de cientos de colegas de cada rincón de la provincia que participan en nuestras asambleas y decisiones.

Nuestro Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Cruz fue creado mediante ley 547 el 11 de Diciembre del año 1965, la misma crea el Colegio de Odontólogos como una institución autónoma en la cual el estado le ha otorgado facultades y funciones plasmadas en 47 artículos con el propósito de regular el ejercicio de la profesión odontológica, institución que brega por la defensa de la salud de la población, el prestigio de la profesión y la defensa de los profesionales que la ejercen.

Hoy esta institución fue atropellada y avasallada quitándole sus facultades por un decreto de la Gobernadora Alicia Kirchner, por tocar intereses de la obra social que mantienen intervenida hace 25 años. A partir de la vigencia de este decreto 1246, la institución perderá total autonomía quedando subordinada al estado. Una intervención permanente encubierta, donde todas las reglamentaciones, códigos, resoluciones y acciones deberán ser supervisada y aprobada por ellos, actitud totalmente antidemocrática, sin consenso previo y fuertemente autoritario.

El pasado 6 de mayo se votó mediante asamblea del Colegio de Odontólogos los aranceles mínimos, estos aranceles no son puestos de manera caprichosa, sino que responden a una estructura de costos a nivel nacional. Lamentablemente las obras sociales hacen oídos sordos a nuestro reclamo, que año tras año afectan más a los aranceles que ellas ofrecen para poder realizar la atención en los consultorios privados. Es por esto que hemos llegado a un límite que ya no se puede sostener la atención a esos valores, ya que nuestros insumos siguen aumentando sin freno, y muchas obras sociales no llegan a cubrir ni siquiera el costo de los materiales.

Queremos dejar en claro que no es nuestra intención no trabajar con las obras sociales, ya que estamos trabajando con muchas de ellas que llegaron a los aranceles que solicitamos de manera escalonada. Por lo cual sabemos que es posible, es posible si hay voluntad y diálogo entre las partes, pero esto es un atropello institucional que no se puede permitir.

La inconstitucionalidad de cambiar la esencia de los artículos de una ley, y hacerla funcional a su conveniencia, es un ejemplo claro de una acción autoritaria e impune. Los actores y propulsores de este atropello podrán llevar el orgullo a su casa de haber cerrado una institución democrática.

Ojalá la Democracia prime sobre el autoritarismo y se haga justicia.

Dr. Luis Eceiza

Presidente del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Cruz

Crédito portada: Ministerio de Salud de la Nación.