SANTA CRUZ.- Por «vaguedad» en la acreditación de pruebas sobre el supuesto daño a la casa de gobierno y la Caja de Previsión, el juez Francisco Marincovic rechazó la demanda del gobierno contra los jubilados en 2018. A través de la Fiscalía de Estado los acusó de «daños contra edificios públicos», cuando los jubilados protestaban por cobrar sus haberes en tiemo y forma que en ese año se abonaba en forma desdoblada y hasta con un mes de atraso. La presentación de pruebas fue «vaga», y los abogados del Estado tampoco identificaron a los supuestos autores.

El juez Francisco Marincovic rechazó  la demanda que en marzo de 2018 inició el gobierno contra un grupo de jubilados que reclamaban por el pago en tiempo y forma de sus haberes. La administración de Alicia Kirchner los acusó de supuestos «daños a edificios públicos», y les reclamó un resarcimiento de 329.000 pesos a cada uno.

Para el magistrado, en el escrito los abogados del Estado no precisaron el momento ni la fecha de producción del supuesto daño a los edificios gubernamentales, ni individualizaron al supuesto autor, o autores.

La denuncia del gobierno refiere a «un grupo de jubilados», y el juez entiende que «no se trata aquí de un daño causado por el grupo en sí mismo, sino por uno o alguno de sus miembros determinados que, sin embargo, no han podido ser individualizados».

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En otro de los párrafos de su Resolución afirma: «Nos encontramos ante una causa en la que el daño fue descripto con cierta vaguedad en el escrito de demanda, no identificado en cuanto a su cualidad y circunstancias de espacio y tiempo, sumado a un infuficiente acreditación de la autoría», argumentó el juez Francisco Marincovic en su fallo.

El magistrado consideró que «la prueba producida en autos no determinó cabalmente la existencia de los presuntos daños, en ningún caso con la precisión y certeza que debe haber en este punto», afirmó. «No se han precisado las circunstancias de tiempo y lugar», añadió el juez.

Cita que cuando se constituyó en el lugar la dra Silvana Varela a cargo de la Secretaría Nro Uno, «observó a un grupo reducido de manifestantes, una persona tocando un redoblante y carteles pegados en los vidrios del edificio, sin visualizarse persona alguna realizando en ese momento la pega de carteles. Tampoco se observó ningún bloqueo de acceso en la puerta de entrada, ni daños en el exterior del edificio, ni roturas en los cristales de las ventanas ni quema de neumáticos», precisa el fallo.

Con estos y otros argumentos, el juez Francisco Marincovic rechazó la demanda interpuesta por el Estado contra, Virgina Villarroel, Lucila Hernández, Laura Agüero, Beatriz Constantino, Néstor Rippa, Teresa Coronel, Virginia Peña, Margarita Guanuco, Enrique Bavera y Agustín Pérez.