¿Cualquier ciudadano argentino puede saber cuánto pagó el gobierno de su provincia por las compras realizadas en el marco de la emergencia por la pandemia? La primera respuesta es no. Y aun quienes tengan la suerte de vivir en una provincia con datos públicos abiertos deberán batallar para descifrarlos y obtener cifras confiables, pero no siempre lo lograrán. Esta es la primera conclusión del relevamiento de la organización argentina Ruido (Red contra el silencio oficial) en 13 provincias del país, más la Ciudad de Buenos Aires.
Santa Cruz fue una de las provincias relevadas por la Red Ruido - del informe participaron periodistas de Winfo Santa Cruz - en el que se pudo documentar compras por COVID-19 por $594 millones, de los cuales $563 millones fueron finalmente adjudicados.
El monto corresponde al relevamiento de 90 contrataciones públicas de seis ministerios, sin embargo es un monto inferior al anunciado por la gobernadora Alicia Kirchner el 1 de marzo durante el discurso inaugural de la legislatura donde afirmó, "Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de Santa Cruz invirtió al día de la fecha en el área salud más de 867millones de pesos tanto en personal, bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso. 100 millones fueron aportados por el gobierno nacional, además de insumos y equipamiento.".
Del total de compras documentadas, el 79% corresponde al ministerio de Salud, que informó más de $472 millones, al ministerio de Desarrollo Social le corresponde el 10% con compras por más de $ 61 millones, el Consejo Provincial de Educación con $37 millones representa el 6% de la torta, en tanto que la Secretaria General de la Gobernación, y las carteras de Seguridad y Economía les corresponde el 3% del total.
Sobre el relevamiento de las compras entre las 13 provincias y Buenos Aires, se comparó cuánto pagó cada distrito los barbijos, el alcohol y las ambulancias. Tal como se informó días pasados al presentar el informe nacional, Santa Cruz pagó el alcohol más caro del país. En el caso del alcohol etílico (96% de pureza), el Ministerio de Salud de Santa Cruz pagó 398 pesos por litro, el más caro del relevamiento, por el mismo alcohol, Entre Ríos llegó a obtenerlo a 30 pesos el litro, el precio más económico en el contexto de las provincias.
Santa Cruz no cuenta con un portal de compras on line para poder hacer seguimiento de las mismas como Mendoza, Córdoba o Entre Ríos, en tanto que el Boletín Oficial es un instrumento que sólo se publica dos veces por semana, con demoras y sin orden cronológico. Por tal razón, la ley de Acceso a la Información, fue la herramienta para poder acceder a los datos del Estado, que fueron promovidos por el abogado Javier Stoessel, para la Red Ruido.
Se presentaron siete pedidos de acceso a la información a los ministerios involucrados con la pandemia, de los cuales cinco fueron respondidos, los datos fueron cotejadas con información oficial de la vocalía por la minoría del Tribunal de Cuentas de la provincia. Los cinco organismos que respondieron el pedido de Acceso a la Información Pública fueron: los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Economía, el Consejo Provincial de Educación y la secretaria General de la Gobernación, en tanto que los datos del ministerio de Seguridad fueron tenidos en cuenta a partir de información oficial del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Pese a que a la ley entró en vigencia hace más tres años y el protocolo indica que cada ministerio cuenta con un referente para responder los pedidos de acceso, cada cartera respondió con procedimientos diferentes: mientras algunas consignaron los instrumentos públicos a través de las que se gestionaron las compras, otras simplemente enviaron cuadros detallando las compras. Algunos ministerios fueron minuciosos en la elaboración de los informes, otros obviaron detalles fundamentales como el nombre de los oferentes ganadores.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 que firmó el presidente Alberto Fernández el 12 de marzo, estableció la emergencia pública en materia sanitaria por Covid-19, por lo que las contrataciones de bienes y servicios que se realicen en este marco pueden tramitarse por vía directa. La mayoría de las provincias adhirieron y lo acataron casi al pie de la letra: 92% de las compras se realizaron por ese mecanismo, según el promedio de todos los distritos relevados. En Santa Cruz, la provincia declaró la emergencia a través del decreto 273/20, el mismo que habilitó las compras directas de bienes servicios o equipamientos se realicen.
El trabajo -en alianza con Fundeps, Fopea y Poder Ciudadano– es, a la vez, el nacimiento de una red federal de periodistas, comunicadores, especialistas en datos abiertos y organizaciones de la sociedad civil que nace para visibilizar temas de interés público relacionados con el manejo de los recursos del Estado, la transparencia administrativa, la corrupción y el acceso a la información.