CALETA OLIVIA.- Sin información oficial por parte de la  justicia ni del Poder Ejecutivo y ante la mordaza impuesta a los medios de comunicación, distintas agrupaciones y referentes políticos exigen que no haya privilegios a la hora de investigar al vicegobernador Eugenio Quiroga para investigar la denuncia que enfrente y piden que sea separado del cargo. Desde que el sábado el gobierno anunciara el pedido de licencia del vicegobernador tras conocerse una denuncia en su contra, no hubo más información oficial al respecto.

El pasado 18 de abril se conoció un oficio judicial destinado a los medios de comunicación, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia de Familia de Caleta Olivia a través del que se ordenó la prohibición de toda publicidad, divulgación y / o difusión de las circunstancias de hecho de la presente causa , nombre de la víctima, fotos, videos, y todo dato que la involucre y afecte su intimidad a través de los medios periodísticos, audio visuales ,  internet, y redes sociales por plazo indeterminado, bajo apercibimiento de desobediencia judicial. art. (239 del CP). En el mismo oficio no se menciona de que causa se trata.

«Un oficio no puede prohibir que se informe sobre la causa»

Desde el partido provincial Encuentro Ciudadano se pronunciaron acerca del polémico pedido de licencia del vicegobernador a través de  un comunicado de prensa firmado por el diputado Gabriel Oliva y la profesora Gabriela Mestelán en el que expresan: «la opinión pública de Santa Cruz está consternada por el pedido de licencia a raíz de una denuncia recibida por el señor vicegobernador, Eugenio Quiroga” y cuestionan que la  noticia “fue comunicada de manera escueta e insuficiente por el Poder Ejecutivo Provincial, dejando espacio para múltiples preguntas».

Publicidad

Publicidad

Vale mencionar que en las últimas horas distintas organizaciones de periodistas como   la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) y ADEPA cuestionaron la  medida judicial y explicaron que se trata una grave restricción al derecho de información y la libertad de expresión.

“No a la protección política y encubrimiento”

Por su parte referentes de Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) a través de las redes sociales también exigen el apartamiento inmediato del cargo que ocupa en el Ejecutivo Provincial  Eugenio Quiroga y que desde la justicia y el gobierno se informe claramente a la sociedad de qué tipo de denuncia se habla.  Destacan que el Estado tiene leyes nacionales vigentes y compromisos internacionales asumidos para erradicar la violencia contra las mujeres y disidencias.

“Es imprescindible que quiénes ejercen violencia y están en el Estado sean sancionados acorde la importancia del cargo que desempeñan, necesitamos urgentemente que la implementación de la Ley Micaela sea llevada adelante en los tres poderes del estado seriamente, con mecanismos de monitoreo permanente” al tiempo que piden “celeridad en la investigación y o a la protección política y encubrimiento”

“El accionar judicial y político es de amparo y protección a los denunciados”

De igual manera desde el Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero sostienen que corresponde la separación preventiva del cargo del   vicegobernador Eugenio Quiroga y no de una licencia.

«El vicegobernador en su posteo dice tomarse licencia de su cargo para ‘no entorpecer el trabajo de la Justicia’, en un intento de darle cierta credibilidad a un accionar que ha demostrado su amparo e impunidad ante hechos de abuso y violencia de género en general y particularmente cuando involucra a funcionarios. Sin embargo, esto no es lo que corresponde. En 45 días el vice gobernador volvería a sus funciones, estando en proceso la investigación. Lo que vale para estos casos, es la separación preventiva del cargo hasta que se resuelva la situación judicial y no por escasos 45 días, como informaron oficialmente desde el gobierno. Es una decisión que debe tomar la gobernadora Alicia Kirchner y ratificar la Cámara de Diputados.

“Vemos entonces que el accionar judicial y político es de amparo y protección a los denunciados”, continúa el comunicado del Plenario de Trabajadores del Partido Obrero y agregan: “la justicia inmediatamente se aprestó a colocar un bozal judicial hacia los medios de comunicación, con la intención principal de que no se hable del vicegobernador. Es un bozal que incluso se les aplica a la víctima y sus familiares por si quisieran manifestarse públicamente. La resolución judicial debería haberse volcado solo en el sentido de que no se divulgue información referida a la identidad y filiación de la víctima, no como bozal mediático que bien puede ser utilizado en otros casos que involucra funcionarios”.