SANTA CRUZ.- En 24 horas padres que presentaron un amparo por el regreso de las clases presenciales juntaron mas de 500 firmas cuestionando el fallo del juez Francisco Marinkovic quien rechazó la presentación judicial hecha por 50 familias de Río Gallegos y El Calafate. En las próximas horas, el abogado José Janezak apelará la medida.

Con el titulo «Vergüenza por la baja calidad institucional de Santa Cruz» más de 500 personas firmaron un documento en el que cuestionan la decisión del juez Francisco Marinkovic quien rechazó el amparo por considerar que se trata de  «un tema altamente debatible que requiere un nivel de análisis y ponderación de aspectos sanitarios y educativos que exceden el marco del proceso de amparo, en tanto que consideró que tras la presentación del amparo cambió el contexto jurídico con el último DNU», firmado por el presidente, Alberto Fernández.

«El juez se equivoca groseramente al no advertir que tal decisión está consintiendo o convalidando un grave error de atropello emanado por las autoridades provinciales, que de facto, mantienen la suspensión de las clases presenciales en Santa Cruz desde marzo del 2020», dice el documento.

Argumenta que las clases presenciales están suspendidas, «sin que exista ningún acto jurídico formal, (ni decreto, ni resolución ni nada) que lo fundamente en lo mas mínimo y que establezca algún límite temporal, en claro incumplimiento de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación, y en manifiesta violación al derecho de la educación de nuestros hijos reconocido por la Constitución Nacional, Provincial y diversos tratados internacionales», reza uno de los párrafos del documento firmado por mas de 500 personas de toda la provincia, 24 horas después de que se conociera la decisión judicial que cierra toda posibilidad al regreso a clases presenciales.

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El amparo solicitaba que el poder judicial ordenase al Consejo Provincial de Educación que restablezca la vigencia y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y que de manera urgente arbitre las medidas para el inmediato y progresivo restablecimiento de las clases presenciales en todos los niveles educativos de Santa Cruz. Entre las medidas, pedía la vacunación con carácter prioritario del personal docente y no docente que cumple funciones en los establecimientos educativos de la provincia.

«Resulta muy grave que la justicia no ponga límites al abuso de poder cometido por las autoridades políticas cuando su accionar no se corresponde con el estado de derecho y el respeto por los principios republicanos que exigen que cualquier acto de gobierno debe estar formalizado, publicado y fundamentado; y mucho más aún cuando limita, restringe o impide el ejercicio de un derecho constitucional», expresan los padres.

El documento completo.