EL CALAFATE.- La concejal Ethel Torres se opone a la nueva normativa municipal que eleva las exigencias para la instalación de nuevas empresas de internet en la ciudad con el argumento de proteger a Cotecal prestadora del servicio de telefonía e internet: «le quieren hacer creer a la gente que estoy en contra de Cotecal para no reconocer que hicieron las cosas mal», afirma la legisladora quien cuestiona que la cooperativa vaya a ser quien decida qué empresas pueden operar en EL Calafate. Advierte que la nueva norma puede dejar la vía expedita para futuras demandas en contra el municipio.

El Decreto N° 327/2021 sobre «Tarifa de habilitación de empresas de servicios de internet» firmado por el intendente, Javier Belloni, tomó estado parlamentario el miércoles de la semana pasada y 24 horas después fue aprobado sobre tablas con el voto de los cuatro ediles del Frente de Todos, y el voto negativo de Ethel Torres quien pidió más tiempo para analizar el proyecto.

El instrumento legal eleva de 13 mil pesos a 10 millones de pesos la habilitación municipal para nuevas empresas de telecomunicaciones y transferencias de datos que pretendan instalarse en la localidad, y otorga a Cotecal, la actual prestadora del servicio de telefonía e internet, la potestad de evaluar técnicamente a los postulantes y potenciales competidores, y dictaminar su aprobación o no.

El Artículo 3° establece que «a efectos de la habilitación técnica de la empresa solicitante, deberá presentar la documentación que respalde su capacidad para prestar el servicio, que deberá contener un dictamen de la Cooperativa Telefónica de El Calafate Ltda, en el cual se defina la factibilidad técnica necesaria para un servicio eficiente».

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Según la legisladora este artículo podría abrir la puerta a futuros reclamos de las empresas que deseen instalarse en El Calafate: «que Cotecal vaya a ser quien evalúe cuáles empresas están en condiciones de operar en la localidad y sea quien autorice o impugne a un posible futuro competidor la coloca en una posición dominante que claramente contradice la legislación que impide el establecimiento de monopolios de empresas prestadoras de servicios ”, argumentó.

Añadió que “Este tipo de normativas por lo menos tienen que tener la intervención del ente regulador, en este caso el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Entiendo que las prestaciones en comunicación e internet son de órbita federal”, afirmó Torres.

El oficialismo alega que el Decreto 327/2021 busca proteger a la Cooperativa Cotecal, y las fuentes de trabajo de los sesenta empleados que hoy cumplen funciones allí.

«Es un error clausurar la posibilidad de que se creen nuevas fuentes de empleo con la instalación de empresas que deseen invertir en El Calafate», Ethel Torres.

«Le quieren hacer creer a la gente que estoy en contra de Cotecal para no reconocer que hicieron las cosas mal», responde Ethel Torres a los cuestionamientos que recibió de funcionarios municipales por su postura contraria el decreto municipal.

Añadió que por el contrario «cuando se instalan nuevas empresas se generan más fuentes de trabajo, es un error pensar que para preservar los empleos existentes debemos cerrarle la puerta a quienes buscan venir a instalarse a El Calafate», precisó, y puso como ejemplo el caso de los supermercados y las estaciones de servicio que se instalaron en la ciudad en los últimos años, «¿alguien puede decir que vinieron a generar desocupación?», interrogó la concejal Torres.

Recordó que la conectividad es un problema que actualmente afecta a la localidad, «desde que asumí la banca en el Concejo, expresé que necesitamos llevar conectividad a todos los sectores de la localidad. Hay familias que no tienen acceso a internet y para que sus chicos puedan tomar clases por zoom tienen que pagar datos móviles de celulares”, señaló Torres quien volvió a reiterar que «en las escuelas no hay internet y que el propio Concejo Deliberante tiene problemas de conectividad», como manifestó en la última sesión.

Por último Torres llamó a las autoridades a «que recapaciten, revisen el decreto y se de intervención a los organismos reguladores competente».