Por Mariela Arias / La Nación
SANTA CRUZ.- En Puerto Deseado, una familia vive un doble calvario: al dolor de haber perdido a su hija de 15 años, que se quitó la vida en abril, se suma la conmoción de haberse enterado, tras su muerte, que la chica había sido víctima de abuso sexual. Creen que esa fue la razón que la empujó a tomar su trágica decisión. Y ahora decidieron hacer público el hecho al considerar que la causa no avanza en la Justicia provincial, donde se investigan los hechos.
“Estamos intentando hacer algo por Millaray, sin entorpecer la vía judicial, pero queremos que la causa avance y que se haga justicia con quien le causó tanto daño”, explicó a LA NACION Ayelén Cattani, hermana de la adolescente que se quitó la vida el 14 de abril pasado.
Millaray Cattani nació en Puerto Deseado y tenía 15 años cuando se quitó la vida. Vivía con sus padres y tenía una relación cercana con sus hermanos, en tanto cursaba la secundaria en el Instituto Salesiano San José, en esa ciudad portuaria situada 215 kilómetros al sur de Caleta Olivia. La joven no dejó pistas de lo que la llevó a la dramática decisión. Sin embargo pocas horas después de su muerte, un amigo de la chica le contó a la familia que ella había sufrido un abuso sexual cuando tenía 13 años, algo que solo habría contado entre sus amigos más cercanos.
El hecho fue confirmado a la familia por la mejor amiga de la menor, quien también lo dejó asentado en su exposición policial cuando la llamaron a declarar como parte de la investigación de rutina, a poco de conocida la muerte.
“Desde ese momento comenzamos a buscar indicadores que quizás ella misma nos hubiera dejado para guiarnos y poder ayudarla a romper ese silencio que tanto la atormentaba. Así fue que todos y cada uno de los miembros de la familia buscamos entre sus cosas –libretas, cuadernos, agendas, computadora–. También por esos días nos llegaron muchos testimonios de gente cercana a ella. Y todo, absolutamente todo lo que encontrábamos nos llevaba a un solo nombre, un solo culpable”, explicó la hermana de Millaray en una carta que hizo pública en redes sociales y generó gran revuelo en la localidad costera situada 736 kilómetros al norte de Río Gallegos.
A quien señalan como presunto abusador es un joven que hoy tendría entre 21 y 22 años. Sospechan de él no solo por los datos que brindan los jóvenes que hablaron con la familia, sino porque fue la última persona que se comunicó con Millaray a través de la red social Instagram a las 0.30 de la madrugada que se quitó la vida.
Tiempo de querella
Los Cattani, con asesoramiento legal, se presentaron el 20 de abril como querellantes en la investigación del suicidio y el 26 de abril sumaron la denuncia por abuso sexual. En estos dos meses, el fiscal Ariel Quinteros, a cargo de la fiscalía de primera instancia de Puerto Deseado, pidió unificar las dos causas por considerar que podía haber conexidad entre la denuncia de abuso y el suicidio de la adolescente, y pidió que se realice una investigación conjunta.
En las últimas horas, el abogado Cristian Fernández sumó una nueva denuncia de abuso sexual contra la misma persona. Se trata de un hecho ocurrido en 2018, cuando la denunciante tenía 17 años. La joven hoy prestó declaración testimonial en el juzgado de Puerto Deseado, tras lo cual el sospechoso quedó imputado. Según trascendió, al conocer la historia de Millaray, la joven se decidió a declarar. Mientras tanto, los abogados de Millaray conocen de otras posibles víctimas de la misma persona, pero que aún no se han presentado en la causa.
Los abogados de la familia Cattani presentaron cinco testigos que confirman el episodio de abuso sufrido por Millaray en 2019, además de capturas de pantalla de las redes sociales. Y pidieron una serie de medidas: allanamientos, la incautación del teléfono celular y el llamado a indagatoria del sospechoso. Sin embargo, tras dos meses de impulsar la acción, no lograron que estas medidas se concreten y decidieron hacer pública la causa.
El viernes pasado, el sospechoso, del que se conocen las siglas de su nombre, se presentó de forma voluntaria como imputado, con el patrocinio de dos abogados. Horas más tarde, uno de los letrados abandonó la representación legal, según pudo conocer LA NACION.
“No hubo allanamientos ni indagatorias. Pedimos que se revisen todos los dispositivos electrónicos y las redes sociales; en el primer informe se analizaron llamadas y mensajes del teléfono de Millaray, pero pedimos que se analicen las redes sociales, que es lo que hoy usan los jóvenes. Se trata de una persona que abusó a una niña de 13 años, y puede haber más casos”, afirmó a LA NACION el abogado Cristian Fernández, quien junto a Rocío Marsicano patrocinan a la familia en la querella.
Según pudo reconstruir la familia a partir de testimonios de amigos de la adolescente, el presunto abusador –hermano de una compañera de escuela de Millaray– había vuelto a hostigarla días antes de su trágica muerte. Por estas horas la Justicia lleva adelante una autopsia psicológica de la víctima a partir de los testimonios de quienes la conocieron. Tanto la fiscalía como el juez que instruye la causa, Oldemar Villa, fueron contactados por este medio, pero no se obtuvieron respuestas.
“Nada de lo que hagamos nos va a quitar este dolor inmenso ni nos va a devolver la vida de nuestra chiquita. Pero no queremos que haya más Millaray que sufran por culpa de este tipo. Queremos que se haga justicia, que el responsable deje de vivir con la tranquilidad que lo hizo hasta hoy, que sea juzgado y condenado como corresponde, y que Milla pueda descansar en paz”, afirmó la familia a través de un comunicado que se publicó en redes sociales.