RÍO GALLEGOS.- Un chofer de colectivo de larga distancia que sufrió un acv en cumplimiento de su trabajo hace un año y medio, denunció ante el ministerio de Trabajo la falta de cobertura por parte de la aseguradora de riesgos que alegó que se trataba de una enfermedad inculpable. A raíz del accidente el empleado quedó con secuelas graves evaluadas por la Comisión Médica en un %70 por lo cual debe tramitar su retiro por invalidez.

La mañana del 10 de marzo de 2020, Alejandro Orellana, chofer de la empresa Marga-Taqsa SA, sufrió un acv en la terminal de ómnibus de Río Gallegos mientras se disponía a iniciar viaje hacia la ciudad de Punta Arenas. El incidente ocurrió entre las 09:30 y las 09:45 horas.

Según relata en su denuncia el chofer, una agenciera de la misma empresa de transporte llamó al propietario de la firma, Santiago Gómez quien lo trasladó hasta la guardia del Hospital Regional.

El 10 de junio del mismo año Orellana se comunicó con la empresa aseguradora de riesgos Asociart para gestionar la cobertura de atención médica pero la firma respondió que no correspondía la prestación solicitada en razón de que «la patología sufrida por el trabajador responde a una patología de carácter inculpable por lo tanto, al ser la pretensión ajena al ámbito de la aplicación de la Ley N“ 24.557 de Riesgos de Trabajo», detalló el trabajador en su presentación ante la cartera laboral.

Orellana aclara que comenzó a trabajar en la empresa en noviembre de 2014, que es afiliado al gremio UTA, y que hasta el día 10 de Marzo del 2020 prestó continuamente tareas como chofer de larga distancia «sin ningún tipo de minusvalía ni impedimento físico o psíquico para desarrollar mis actividades inherentes a mi labor», circunstancia que, aseguró, está debidamente documentada ante la empresa y consta en los registros de autorización profesional.

En junio envió un telegrama a la ART intimando a que «en perentorio e improrrogable plazo de 48 horas de recibida la presente, abone indemnización respectiva al accidente de trabajo denunciado, bajo apercibimiento expreso de demandar judicialmente su cobro más los costos, costas y honorarios adicionales que ello implique», detalla el documento.

A la par de la tramitación ante la ART y los reclamos a la empresa TAQSA y el gremio UTA para que tomaran cartas en el asunto, Orellana tuvo que afrontar los gastos de la atención de su salud «pagando con mis propios recursos una obra social de medicina prepaga, gastos que a la fecha documentados y no documentados calculo llegaran al $3.000.000», por lo que pide un resarcimiento económico.

La Ley N° 24.557 de Riesgos de Trabajo, en el art. 6 punto 1° estipula que se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo.

En el dictamen de la Comisión Médica que evaluó su caso, con fecha 21 de julio de este año se certificó «accidente cerebro vascular hemorrágico con secuelas severas en un %70». Por lo cual Orellana comenzó a tramitar su retiro por invalidez.

Orellana afirma que «desde la fecha en que ocurrió este accidente laboral hasta hoy en día, ni la
empleadora, ni la ART ni el Sindicato UTA al cual sigo afiliado y me siguen descontando la cuota
sindical, se apersonaron para ayudarme tanto económicamente, ni para brindarme asistencia
farmacológica, fisioterapeuta, psicológica, de remedios, traslados a Buenos Aires, pasajes,
alojamientos, comida, ni un tipo de asistencia, mostrando de esta forma una actitud despreciable
hacia mi persona que trabajé siempre en la empresa considerándome un buen empleado y eficaz, siendo que el hecho ocurrido fue de público conocimiento por compañeros de trabajo, público en general, medios de comunicación de la Ciudad de Rio Gallegos.

En la presentación realizada ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, el trabajador pide que se cite a la sede laboral a los dueños o representantes legales de la empresa Marga-Taqsa; al representante legal y/o responsable de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo Asociart y al secretario general del gremio UTA.