PICO TRUNCADO.- Con balas de goma la infantería de la Provincia reprimió a municipales despedidos que se manifestaban en las puertas del municipio pidiendo por su reincorporación. El desalojo se produjo cuando el intendente, Osvaldo Maimó, recibía a dos mujeres que fueron cesanteadas en diciembre de 2019 con el cambio de gestión, junto a más de doscientos empleados.

Manifestantes que reclaman por su reincorporación al Municipio, fueron desalojados por la policía provincial, que arrojó balas de goma durante el procedimiento.

Ayer el conflicto fue sumando tensión a medida que transcurrían las horas.

Dos trabajadores treparon hasta el techo del edificio comunal y desde allí piden que los atienda el intendente. Más tarde otros dos obreros se treparon a las antenas de comunicaciones, otro había amenazado con inmolarse frente al municipio ante la negativa del intendente a recibirlos.

Publicidad

Publicidad

El amparo tramitado por un juez que no fue imparcial

Los 208 trabajadores cesanteados, habían sido designados por el intendente saliente, Omar Fernández.

El intendente, Osvaldo Maimó decidió desplazarlos a pesar de que sus designaciones estaban formalizadas a través de Decretos que fueron ratificados por el Concejo Deliberante local.

Luego de ser despedidos los trabajadores presentaron un recurso de amparo que en primera instancia fue rechazado por el juez Norberto Castelo, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Nro 1.

En aquella oportunidad los concejales Carlos Mansilla y Romelí Caminos, indicaron en un extenso comunicado que el juez Castelo, rechazó el recurso de amparo presentado por los cesanteados porque mantenía estrechos vínculos con el kirchnerismo.

Lo acusaron de mantener acreencias con el municipio y que por lo tanto, «debió haberse excusado por una cuestión de decoro» en el amparo presentado por despedidos del mismo municipio.

Los despedidos apelaron el fallo de Castelo, ante la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción que el 31 de marzo anuló el fallo por vicios procesales y pidió reemplazar a Norberto Castelo «por un juez imparcial».

La orden de desalojo que emanó del juzgado

La orden de desalojo se fundó en «preservar la salud física» de las personas involucradas en el conflicto, tanto manifestantes, como «funcionarios, y personal municipal», según la notificación emanada del Juzgado de Instrucción Nro1 a cargo del dr Pablo Cimini.