RÍO GALLEGOS.- Aquellas mamás se sintieron en desvetanja, una se acercó a una escuela y no obtuvo respuestas, otra a la comisaria de la mujer y a la policía y luego de seis días recién atendieron la denuncia. En ambos casos se trataba de abuso de menores. El acusado, el ahora expresidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Emilio Maldonado.
El caso causó conmoción en la sociedad y puso en evidencia las falencias del sistema institucional de cobertura a los menores víctimas de abuso.
Incluso la reacción dubitativa del intendente Pablo Grasso. jefe político del concejal acusado, abonó más la sensación de desprotección que embarga a las víctimas de abuso y a sus familiares.
Ayer Máximo Ulloa, abogado de una de las nenas cuya familia denunció al concejal Maldonado por abuso sexual, dio a entender que los resultados de la Cámara Gesell a las que fueron sometidas las víctimas "avanza rápidamente".
"Debemos informar no debemos callarnos, y hacer un mea culpa como funcionarios públicos", señaló la concejal, Daniela D´amico, quien pidió hacer más eficiente en la práctica la Ley Micaela: "si un secretario un director, sin un concejal, se manifiesta a favor de la persona que supuestamente a realizado un abuso, ejerce una presión sobre la persona que esta en desventaja", afirmó la edil.
"Porque los niños no mienten, los abusadores si", fue la frase con la que eligió definir su pensamiento.